“Las armas de la nación están con el pueblo": Petro responde a la ofensiva militar del ELN en el Catatumbo colombiano
El ELN es una organización insurgente fundada en 1964 por Fabio Vásquez Castaño bajo los principios del foquismo, una tendencia descentralizada que, con el triunfo de la revolución cubana, creció con fuerza al interior de las organizaciones político-militares de la izquierda latinoamericana. En su momento, el ELN acogió a importantes cuadros de la teología de la liberación como el cura socialista Camilo Torres, asesinado en su primer combate en 1966. Tras 60 años de lucha armada, el ELN muestra importantes signos de desgaste político que ponen de manifiesto intereses más poderosos que la liberación nacional, como lo son el control de rutas estratégicas, en este caso, la zona fronteriza con Venezuela en el Catatumbo, un territorio que cuenta con más de 52 mil hectáreas de hoja de coca cultivadas.
La firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, condujo a una competencia territorial inusitada entre los remanentes armados de dicha organización, las estructuras paramilitares asociadas al Clan del Golfo y el ELN. Lo complejo es que estas tres estructuras mantienen abiertas mesas de conversación con el gobierno que preside Gustavo Petro.
Un hueso difícil de roer
El 21 de noviembre de 2022, a pocos meses del comienzo del mandato de Gustavo Petro, se inició la primera fase de las negociaciones entre el ELN y el gobierno de la Paz Total en Caracas, Venezuela. Desde entonces se han firmado dos cese al fuego, uno en agosto de 2023 y otro un año después. En términos de agenda, la mesa de negociación ha discutido ampliamente las garantías jurídicas, económicas y políticas del posible desarme, el modelo económico y el proyecto nacional. Las discusiones han sido arduas, más cuando el ELN pretende exigir al gobierno en las mesas de paz lo que no ha podido construir en 60 años de combates. Más allá de las pericias del diálogo, la actitud ofensiva del ELN ha generado un terrible desgaste en la legitimidad del proceso.
Pese a haberse comprometido con poner fin a las “retenciones económicas” -concepto usado por la guerrilla para referirse a los secuestros extorsivos-, en mayo del año pasado el ELN decidió unilateralmente retomar esta práctica. En septiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el proceso de paz luego de un ataque con explosivos que dejó 26 heridos y dos soldados muertos en el departamento de Arauca.
Crisis humanitaria en el Catatumbo: un parteaguas de la Paz Total
Las operaciones militares del ELN en el Catatumbo desatadas desde el miércoles 15 de enero, dejan un saldo de 60 personas asesinadas y 450 familias desplazadas según la Defensoría del Pueblo. El jueves se desarrolló la jornada más violenta cuando fueron asesinados cuatro firmantes de paz de las extintas FARC en los municipios de Convención y Teorama, quienes desarrollaban tareas vinculantes a la dejación de armas en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, Norte de Santander. Y la situación puede ser peor. Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), ocho firmantes fueron retenidos y aún no se sabe de su paradero. También el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) reveló la retención ilegal de los jóvenes Eduardo y Willinton Ortiz, ambos hijos de una firmante de paz, “quienes fueron sacados de manera violenta de sus casas y fuertemente golpeados por parte de los integrantes del ELN”. Igualmente, organizaciones del Pacto Histórico denunciaron el asesinato de Carmelo Guerrero, y la desaparición de Wilmer y Deimer Tellez, tres militantes del partido de izquierda Unión Patriótica.
A la persecución de los firmantes de paz y sus familias, se suma la declaración de objetivos militares contra el comandante de la escisión del ELN Comuneros del Sur, Gabriel Yepes, alias HH, y el asesor y jefe de la delegación de paz del Gobierno con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez. Así lo ha denunciado el alto comisionado de paz, Otty Patiño, en una extensa misiva publicada este miércoles, en la que señala como responsables de la persecución y el clima de muerte a los comandantes del ELN, Antonio García y Pablo Beltrán. Además, Camilo González, jefe del Gobierno en la mesa de diálogos con la disidencia de las FARC comandada por Calarcá Córdoba, ha denunciado que el ELN busca eliminar a los firmantes de paz del 2016: “Hay una orden de aniquilamiento a los firmantes, que consideran que son un estorbo. Y la decisión es o el firmante se alinea con ellos o fuera. Solo el hecho del asesinato de firmantes en una sola jornada, es lo más grave que ha pasado. Y los que están en la mesa, todos están declarados objetivos militares por parte del ELN”, aseguró González al Espectador este domingo.
Frente al angustiante panorama de seguridad, las comunidades del núcleo veredal de ese ETCR y decenas de firmantes de paz se declararon en “asamblea permanente en defensa de la vida”, y exigen al ELN y a las disidencias de las FARC del Frente 33 al mando de Calarcá, que están presentes en el Catatumbo, “buscar el diálogo y una salida a la grave situación humanitaria. Exigimos el respeto a nuestra población firmante de paz que habita el ETCR Caño Indio y la región del Catatumbo”, se lee en una carta compartida el sábado.
A su vez, los excomandantes de las FARC y líderes de los acuerdos de paz del 2016, Pastor Alape, coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de los ex-FARC y del componente Comunes, y Rodrigo Londoño, vocero del Partido Comunes, han exigido al gobierno implementar acciones para frenar la masacre contra los firmantes en los territorios. “Esa es una exigencia no solo al Gobierno, sino al Estado, porque aquí, más allá del Ejecutivo, también están instituciones permanentes que deben actuar, como es el caso de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Nuestra posición, y en eso estamos trabajando, es poder generar una movilización de acompañamiento presencial en el territorio”, aseguró Londoño. De acuerdo con Alape, “esta acción del ELN lo que refleja es que no hay una concepción política en su accionar que hoy responde a otras dinámicas de ese control de las economías que funcionan en esos territorios”.
Frente a la situación, en un comunicado publicado este domingo el ELN aseguró, con un tono justificatorio, sin ninguna prueba y menor tacto político, que “el objetivo de nuestras acciones son el grupo armado del frente 33 de las ex-Farc, sus milicias armadas y su estructura económica, por tanto, los llamados “firmantes de paz” que han sido dados de baja en las operaciones realizadas, no eran civiles, sino activos jefes de milicias y responsables de finanzas del 33″.
Mientras el ELN continúa su estrategia de competencia territorial por los pasillos de coca, los firmantes de paz piden al Gobierno adelantar inmediatamente los protocolos necesarios para evacuar el territorio y encontrar un lugar en donde puedan continuar su proceso de reincorporación, sin la amenaza de muerte que pesa contra sus vidas.
El gobierno de la Paz Total se endurece
La andanada bélica del ELN se extiende sobre el Catatumbo a solo dos días de la presentación del informe sobre el curso del Acuerdo de Paz frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). El canciller Luis Gilberto Murillo ya adelantó que hablará de los “crímenes de guerra“ del ELN en Catatumbo. Desde la ONU también se han escuchado voces que sancionan la escalada violenta: “Expreso mi más firme condena por asesinato de cinco firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”, pronunció en su cuenta de X Ruiz Massieu, representante especial del secretariado general de la ONU en Colombia.
Este lunes el presidente colombiano ratificó la suspensión de los diálogos de paz, y subrayó que la guerrilla del ELN está en un proceso de transición hacia una organización de carácter paramilitar y narcotraficante: “Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares, cuando, dirigidos por [el líder paramilitar Salvatore] Mancuso, llegaron a la zona: masacre de campesinos civiles, en estado de indefensión. Crímenes de guerra por doquier que son crímenes contra la humanidad”. Además, el comunicado abre la puerta a una respuesta armada, organizada desde el Ejecutivo: “Al pueblo mucha organización y firmeza, las armas de la nación están a su lado”, sentenció el mandatario en su cuenta de X.
Luego de que el ELN justificara en un video las decenas de desapariciones, homicidios y los cientos de desplazamientos forzados, Petro decidió declarar dos estados de excepción: “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica”. La última conmoción interior fue declarada en el 2008 y el estado de excepción en la pandemia del 2020.