Indagan a los acusados por los supuestos sobornos en Discapacidad
El 13 de agosto de 2025, Diego Orlando Spagnuolo –entonces a cargo de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS)-- fue filmado por una cámara de seguridad del edificio donde vive Miguel Ángel Calvete. Llevaba una mochila en la espalda. En ese momento, Spagnoulo desparramaba su malestar mediante una serie de audios telefónicos donde hizo referencias sobre presuntas dádivas del 8 y 3% destinados, según dijo, para Karina Elizabeth Milei y Eduardo “Lule” Menem. Esa visita de Spagnuolo a Calvete tendría que ver con un entramado de corrupción para obtener dinero con los sobreprecios de los medicamentos y prótesis para personas con discapacidad.
Con un dictamen de casi 300 fojas, la Fiscalía de Franco Picardi reveló que la supuesta banda compuesta por empresarios dueños de droguerías y laboratorios en sociedad con funcionarios públicos habría obtenido ganancias por 43 mil millones de pesos a costa de las arcas del Estado.
En los chats y conversaciones a los que accedieron el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Picardi, los presuntos integrantes de la organización se jactaban del dinero que iban a ganar con la administración del gobierno de Javier Gerardo Milei. Al punto que se mostraban despreocupados tras la renuncia de Spagnuolo, que había destapado los porcentajes de las presuntas coimas a integrantes del Poder Ejecutivo Nacional.
En la mañana del miércoles 19, el juez había citado a declaración indagatoria a Spagnuolo. Se trata de un acto de defensa que se produce luego de que el magistrado tiene la semiplena prueba de la culpabilidad del acusado. La realidad del que fuera abogado y confidente de Milei en la Quinta Presidencial de Olivos se complicaría. Los abogados penalistas suelen repetir que en estas circunstancias el destino de semejante acusación convertiría a Spagnuolo en un caso testigo. En su edición matutina el diario del Grupo Clarín no le dio relevancia al hecho, mientras que La Nación le dedicó una foto de tapa.
El escándalo y la impunidad denunciados por la Justicia llevó a la renuncia de la hija de Calvete, Ornella, en el ámbito del Ministerio de Economía que depende de Luis Caputo. En la casa de Ornella Calvete la Fiscalía halló 700.000 dólares. La joven estaría en pareja con un funcionario de Economía. Y la secuencia de mensajes que están en la causa penal la comprometerían en una eventual acusación por evasión judicial y presunto intento de ocultamiento de pruebas. Su padre, Miguel Ángel Calvete – ex representante de los supermercados chinos, es un hombre con acceso a los funcionarios que ingresaron al Estado durante la gestión de Mauricio Macri- y que también aparecen en la trama de la acusación fiscal.
La hipótesis de los investigadores sería que Spagnuolo habría recibido coimas de Calvete, señalado como “jefe para-estatal” de la ANDIS. Aunque de los audios y mensajes se desprendería que sería el supuesto intermediario entre las droguerías y el organismo del área de Discapacidad. La caracterización penal no es menor: “asociación ilícita” junto a Pablo Atchabahian, otro operador, que por ahora es el único detenido. La pena para este tipo de delitos podría alcanzar los diez años de prisión. La pareja de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, figura en la causa por un pedido de 5.000.000 de pesos en efectivo para Spagnuolo, que lo necesitaba para un supuesto viaje a Israel.
El apresado Atchabahian se mostraba entusiasmado con la recaudación que iban a lograr en ANDIS. En uno de los grupos escribió: “Son cuatro años de gestión y después nos vamos todos a Tenerife”. Allí también estaba el funcionario Daniel Garbellini. “Los Menem me pusieron a todos ladrones del macrismo y a este Garbellini que es un ladrón”, se quejó Spagnuolo en uno de los audios que revelaron los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro en el canal de streaming Carnaval.
El mecanismo funcionaba como un esquema de saqueo y carterización de las droguerías con el dinero del erario público. El fiscal Picardi sostuvo que se habrían derivado cifras a determinadas obras personales en los domicilios particulares que ninguno de los funcionarios podrían justificar con sus salarios. El caso de Spagnuolo sería uno de ellos.
Ante este acontecimiento crítico en pleno desarrollo, el gobierno libertario prefirió el silencio. Los medios dominantes lo ayudaron a mantener en calma la situación, pese a que se suma al informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la estafa global con $Libra, difundida por Milei el 14 de febrero desde su cuenta de X.
Los diputados de la Comisión están convencidos de que hubo una estafa. “$Libra constituye un caso de alta gravedad institucional. Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional. Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
La Comisión realizó un informe basado en los movimientos millonarios de dinero cripto que habría realizado Hayden Mark Davis hacia billeteras vinculadas a los asesores del Presidente, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos sospechosos están siendo investigados por la Fiscalía de Eduardo Taiano luego de que expertas del Ministerio Público estudiaran la trazabilidad de las transferencias. El eje estaría puesto en casi 6.000.000 millones de dólares que Davis movió antes y después del lanzamiento del activo digital fallido. Podría ser parte de un presunto soborno a funcionarios de Milei.