La mexicanización del conflicto ecuatoriano
El atentado a tiros contra el periodista Marcelo Ruiz, ocurrido el viernes 25 de julio de 2025 en Portoviejo, Manabí, no es un caso aislado. Es parte de un patrón creciente de violencia que revela cómo Ecuador está replicando, paso a paso, la estrategia fallida de México en su guerra contra el crimen organizado. Las imágenes publicadas por El Comercio muestran a la Policía Nacional inspeccionando el vehículo gris oscuro de Ruiz, posiblemente un VW Jetta A4 y las huellas de múltiples impactos de bala en la carrocería. Ruiz, reportero de TC Televisión y colaborador del portal Últimas Noticias en Facebook, viajaba con una compañera de trabajo. Ambos siguen en cuidados intensivos.
El ataque ocurrió en una provincia simbólica. Manta, en Manabí, fue sede de una base de operaciones del Comando Sur de EE. UU. durante la época del Plan Colombia. Aquel programa, financiado por Washington, desmanteló a las FARC y a grupos paramilitares, pero también sembró una nueva generación de bandas criminales en las zonas de frontera. Fue ahí donde nació una alianza entre el Cártel de Sinaloa y grupos ecuatorianos como Los Choneros.
Años más tarde, el Plan Patriota repitió la receta, desarmando a las guerrillas, pero provocando una fragmentación aún más incontrolable. Del caos surgieron Los Tiguerones, Los Lobos y el Frente Oliver Sinisterra. Esa alianza fue la responsable del secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, reporteros del Comercio de Quito en 2018. Hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha estrechado lazos con estas bandas, consolidando un nuevo eje narco entre México, Colombia y Ecuador.
Datos de la cancillería ecuatoriana revelaron que más de 100 mil ecuatorianos habían sido detenidos del lado estadounidense de la frontera con México
Actualmente, Manabí y otras provincias costeras están atrapadas en una batalla violenta entre Los Choneros y Los Lobos por el control de rutas aéreas y marítimas del narcotráfico. La noche del atentado contra Ruiz, Portoviejo también registró un tiroteo con tres muertos. Días antes, Últimas Noticias cubrió la masacre de 17 personas en un bar de El Empalme, Guayas, y dos semanas antes se había reportado otra matanza de 15 personas en un billar en el mismo cantón.
Esta violencia ha provocado un éxodo. Datos de la cancillería ecuatoriana, incluidos en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, revelaron que más de 100 mil ecuatorianos habían sido detenidos del lado estadounidense de la frontera con México. Ahora, con la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, más de 20 mil 144 migrantes ecuatorianos han sido devueltos a un país en pleno conflicto armado, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El Boletín Anual Número 2 del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado reporta cifras alarmantes: Los Ríos (84,3 homicidios por cada 100 000 habitantes), El Oro (79), Sucumbíos (76) y Guayas (68,8). Ecuador, en promedio, registra 38,8 homicidios por cada 100 000, por encima de Venezuela, Colombia, Haití y México.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa ha apostado por la militarización. En enero de 2025, Noboa declaró que la prioridad máxima de su gobierno era la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, tal y como lo hizo el presidente mexicano Felipe Calderón en 2006. “Yo confío en que podemos ganar esta guerra, restaurar la paz y la estabilidad en nuestro país”, dijo Noboa a CNN.
El camino que ha emprendido Ecuador —militarización, leyes de excepción, represión indiscriminada— es un espejo del México posterior a 2006 cuando decenas de miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas o desplazadas
Con tal de “ganar la guerra”, Noboa se ha ido a los extremos. La Ley de Inteligencia, aprobada recientemente, permite a las agencias estatales interceptar datos y metadatos de cualquier ciudadano sin orden judicial. Si bien esta ley podría facilitar operaciones contra el crimen, también abre la puerta al espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos críticos del régimen.
Desde 2022, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York y la organización francesa Reporteros sin Fronteras han contado al menos cuatro periodistas asesinados en Ecuador desde 2022. El más reciente fue Patricio Aguilar, director del periódico El Libertador, asesinado el 4 de marzo de 2025. Fundamedios estima que el número de comunicadores exiliados asciende a 14, y afirma que muchos medios han optado por la autocensura como único escudo de supervivencia.
Un gráfico de probabilidad realizado por este autor con base en el registro temporal de los casos graves de agresión a periodistas de Ecuador y analizados con el método estadístico Weibull, estima una alta probabilidad de que otro periodista sea víctima de un atentado en los próximos seis meses. Es momento de que las redacciones activen protocolos de protección y diseñen planes de reducción de riesgos. Porque, hasta ahora, el Estado ecuatoriano no ha mostrado voluntad real de proteger a la prensa.
El camino que ha emprendido Ecuador —militarización, leyes de excepción, represión indiscriminada— es un espejo del México posterior a 2006 cuando decenas de miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas o desplazadas. Ese modelo no erradicó el crimen: lo multiplicó. Ahora, el mismo modelo está configurándose rápidamente en Ecuador y la situación requiere que el gobierno de Noboa aprenda lo más rápido posible de las experiencias de sus contrapartes en otros países de América Latina, particularmente México. Sería un error y una tragedia de dimensiones históricas que no lo hiciera.