Caribe: un agujero negro en el derecho internacional

Si uno rasca apenas la superficie del discurso incisivo con el que Donald Trump habla del Caribe —orden, seguridad, drogas, democracia, terrorismo— aparece siempre la misma colección de violaciones al derecho internacional, tan sistemáticas que ya ni escandalizan. Lo que sí escandaliza es la naturalidad con la que se repiten. Trump no inventó nada, pero está llevando al paroxismo una lógica vieja como el imperio: tratar al Caribe como su morgue, laboratorio y zona de descarte jurídico. Ahí donde la ley internacional se suspende en nombre de la competencia hegemónica, la soberanía se vuelve decorativa y la vida vale menos si no sirve a la geopolítica del norte.

En sus dos presidencias, la táctica de Trump ha sido reforzar bloqueos ilegales, intensificar cercos navales, avalar operaciones encubiertas y volver a usar sin pudor el lenguaje de la amenaza abierta contra bloques regionales enteros. Primero fue la Europa occidental decadente, luego los países árabes que se rebelan contra el proyecto sionista y ahora —como ya lo había hecho en su primer mandato— el Gran Caribe en su conjunto. Porque aunque los aliados no levanten la voz, los puertos del Canal de Panamá están virtualmente secuestrados por BlackRock, y al arco de las islas insulares bajo dominio de las metrópolis europeas, no le queda más que asumir su condición de estatalidad perimida y aceptar su lugar en el hemisferio como portaaviones colonial de la OTAN.

Roma no paga traidores. Mientras tanto, Cuba sigue siendo asfixiada, Venezuela rodeada por mar y aire, Haití atrapada en una tutela perpetua y Guantánamo continúa funcionando como agujero negro del derecho internacional. Así, los objetivos estratégicos de las grandes metrópolis han convertido al Caribe, desde los tiempos de la esclavitud, en una enorme laguna plagada de crímenes de lesa humanidad.

El Caribe carga con una historia larga de intervenciones estadounidenses, siempre con excusas nobles y objetivos turbios. Primero fue la civilización, después el anticomunismo, más tarde la democracia, recientemente la guerra contra las drogas y, ahora, la seguridad global. Cambian las palabras, pero el libreto es idéntico, e incluso peor. Cómo no recordar que República Dominicana fue militarmente invadida en el 65, Granada en el 83, Panamá en el 89 y Haití…bueno. Cada intervención vino con un cuento para la tribuna y una verdad que grita por control de rutas y disciplinamiento político. Trump no rompió con esa tradición, solo la volvió más burda.

Roma no paga traidores. Mientras tanto, Cuba sigue siendo asfixiada, Venezuela rodeada por mar y aire, Haití atrapada en una tutela perpetua y Guantánamo continúa funcionando como agujero negro del derecho internacional

Europa tampoco puede hacerse la distraída. Mientras Estados Unidos mete la bota, las potencias europeas sobresalen como cultoras del silencio. Francia y los Países Bajos mantienen territorios coloniales en pleno siglo XXI —Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Aruba, Curazao— donde no existe soberanía real ni derecho efectivo a decidir su propio destino. La condición insular de estás islas es algo así como un colonialismo con papeles en regla. Esos enclaves funcionan como bases militares, plataformas logísticas y piezas del cerco occidental sin que nadie se sonroje demasiado. Gracias a los golpes y magnicidios en Haití y Granada, en el Caribe atlantista no hay invasión porque no hace falta. La dominación está incorporada al paquete turístico.

Desde el punto de vista del derecho internacional, lo que hacen Estados Unidos y Europa en el Caribe compone un mosaico de violaciones graves, en el que se entreveran el uso ilegal de la fuerza, bloqueo económico como forma de guerra no declarada, intervención en asuntos internos, negación del derecho a la autodeterminación, detenciones arbitrarias, tortura, castigos colectivos y empobrecimiento inducido. El caso de Guantánamo es el ejemplo más obsceno. ¿Cómo explicar ante los mil tratados humanitarios que velan la herrumbrada institucionalidad internacional que exista una cárcel fuera del tiempo, fuera de la ley y fuera de cualquier control judicial real? No estamos hablando de una excepción. El Caribe entero funciona, muchas veces, como un Guantánamo ampliado.

Las instituciones multilaterales miran, toman nota, redactan informes y después hacen silencio. En todos los casos, la ONU condena pero no sanciona, la OEA legitima intervenciones cuando conviene y la OTAN opera como paraguas militar del orden occidental, incluso en regiones donde jamás debería tener injerencia. El problema no es solo la debilidad institucional, sino su alineamiento estructural. Cuando el violador del derecho internacional es una potencia, el sistema se vuelve garantista con el fuerte e implacable con el débil. Así, el multilateralismo deja de ser árbitro y pasa a ser cómplice por omisión. En ese orden de ideas, el peor de nuestros escenarios posibles —en caso de que la ONU quisiera asomar sus tentáculos sobre el Caribe bolivariano— es la ocupación de Haití por los cascos azules. ¿Es necesario invocar a la ONU para que resuelva el belicismo estructural de los Estados Unidos está vez, emplazado a bombazos contra inocentes pescadores? La respuesta siempre está única y exclusivamente en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Europa tampoco puede hacerse la distraída. Mientras Estados Unidos mete la bota, las potencias europeas sobresalen como cultoras del silencio. Francia y los Países Bajos mantienen territorios coloniales en pleno siglo XXI —Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Aruba, Curazao— donde no existe soberanía real ni derecho efectivo a decidir su propio destino

Con esta historia por delante, podemos entender cómo el Caribe proyecta modelos operativos de dominación porque ahí se ensayan fórmulas que después se exportan. Veamos los casos de soberanías tuteladas como Haití, enclaves coloniales como Martinica, ocupaciones punitivas como Granada, asfixias económicas como Cuba, cercos marítimos como el Caribe venezolano. Todo eso se prueba ahí porque el costo político es bajo para el concierto de naciones. El racismo estructural hace el resto. Las consecuencias son devastadoras y no pueden ser deseables en el marco de naciones que se presumen soberanas: fragmentación regional, imposibilidad de integración económica, rutas de transporte diseñadas para ir hacia afuera y vetar la comunicación entre vecinos, lo que conlleva a la dependencia logística de Panamá o Miami para moverse entre islas que están a pocas millas una de otra.

Evitar esos modelos más que un capricho ideológico, es una necesidad histórica. Pues si  se naturaliza la excepción jurídica, tarde o temprano se normaliza la violencia. Porque sin soberanía real no hay democracia posible. Y porque una región que no puede decidir cómo comerciar, cómo moverse ni cómo defenderse está condenada a la dependencia y el caos ad eternum.

Frente a ese panorama, Hugo Chávez y Gustavo Petro propusieron caminos incómodos para el orden establecido. Cuando participó en las cumbres de la ONU, Chávez habló de un mundo multipolar, de integración regional autónoma, de romper la tutela disfrazada de ayuda. Allí, en esos altares manoseados por el poder de veto del imperio más criminal de nuestra historia, Petro insiste en democratizar el sistema internacional y en reformar las instituciones multilaterales, para lo cual es clave sacar a la seguridad del eje militar y poner la vida en el centro del proyecto unitario nuestroamericano. Se trata de que los pueblos del Caribe dejen de ser objetos de administración y pasen a ser sujetos de derecho.

El Caribe no necesita más marines, ni más bases, ni más discursos sobre la estabilidad. Necesita soberanía, integración, unidad y memoria histórica. Porque lo que se repite no es el caos, sino el proyecto histórico de la Doctrina Monroe en sus distintas actualizaciones. Y mientras no se lo nombre como tal, seguirá funcionando.