Militarismo, fase superior del neoliberalismo
Las protestas sociales y la consecuente brutal represión en Perú y Ecuador dan cuenta, cada día más, del modo que se ha instaurado un modelo autoritario y sin ninguna posibilidad democrática de oposición. Bastaría con revisar la violencia institucional, el descalabro económico para los sectores populares y el sometimiento a la política exterior de EE.UU., para procesar con mejor criterio las condiciones de esos dos países bajo los parámetros de la misma democracia liberal.
Sin particularizar, en la región andina hay una atención particular desde Washington para consolidar lo que no pudo la década pasada: una zona de intervención para los negocios mineros transnacionales sin la presencia de China, bajo el dominio de grupos armados, legales e irregulares, además de una estructura legal que impida la participación estatal directa en los réditos de ese gran comercio extractivista, con la cadena de empresas adscritas.
Para evitar la presencia china hicieron una campaña de desprestigio, no solo con racismo de por medio sino de estigmatización. Por ejemplo, tras la salida del poder de Rafael Correa, su sucesor (y traidor) Lenín Moreno cambió los contratos de exploración y explotación para favorecer a las empresas mineras canadienses y estadounidenses, con algunas filiales ecuatorianas que ahora estarían vinculadas con la familia de Daniel Noboa. Y en Perú ha ocurrido con mejor fluidez, bajo el amparo de una millonaria inversión extranjera en espacios y regiones con una casi nula regulación y fiscalización estatal.
Y ese militarismo también se impone en el supuesto juego democrático, porque para la protesta popular se instauran estados de excepción, toques de queda y la declaratoria de Conflicto Armado Interno
Pero no solo eso: con el pretexto de evitar la minería ilegal han instaurado militarización extrema en regiones de trabajo artesanal y comunitario, para monopolizar la explotación y evitar la salida hacia otros países por vías fluviales o terrestres clandestinas. Ahora son los militares de ambos países quienes imponen su ley, que no solo es para que se la respete sino para beneficio de los altos mandos y en cadenas de corrupción que pocas veces son investigadas por la justicia regular.
Para muestra un botón: el fin de semana del 11 y 12 de octubre último se desató un ataque nunca antes visto en una zona montañosa del norte del Ecuador para “desalojar” a los mineros artesanales, en un poblado de vetas de oro que no había sido regulado por el Estado. Se usó artillería pesada que ni siquiera en los conflictos bélicos con Perú (en 1981 y en 1995) habían visto los ecuatorianos. Lo curioso es que se pretende imponer el relato que con eso se acaba un negocio ilegal con presencia de grupos criminales y miembros de las disidencias de las FARC. Hasta ahora no hay una sola evidencia de aquello.
Y ese militarismo también se impone en el supuesto juego democrático, porque para la protesta popular se instauran estados de excepción, toques de queda y la declaratoria de Conflicto Armado Interno, como ya ocurre en Ecuador desde hace dos años. En Perú los estados de emergencia sofocan las protestas populares, “a sangre y fuego”, en contra de la designación de presidentes sin ninguna legitimidad. La violencia estatal no mide nada y tampoco sanciona a los responsables de alrededor de un centenar de personas asesinadas desde que derrocaron del poder a Pedro Castillo.
Por supuesto, de lo que se trata, en todo sentido, es de un neoliberalismo extremo, sin oposición, menos aún con consenso político con las organizaciones y movimientos socialdemócratas y peor aún de izquierda. Solo así, con un militarismo se puede entender que este “liberalismo” arrase con garantías constitucionales, respeto a los derechos humanos elementales y una institucionalidad para procesar los conflictos.