Retrato de familia
César Duarte fue gobernador del estado de Chihuahua entre 2010 y 2016, bajo la bandera del PRI. Antes de su gubernatura ocupó otros cargos públicos, incluyendo diputaciones.
Su administración fue parte del llamado “nuevo PRI”, una generación priista que prometía renovación, modernización y limpieza del partido, luego de la fallida transición democrática de 2000 y tras dos administraciones deplorables del PAN: la de Vicente Fox, quien traicionó el mandato democrático con el fraude de 2006 y convirtió la presidencia en un negocio para sus amigos, y la de Felipe Calderón, quien entregó el país a la industria minera, entregó la seguridad del país a un narcotraficante y dirigió una guerra contra la población y una violencia sin precedentes.
El PRI regresó a la presidencia en 2012 con la oferta de una nueva camarilla de políticos que retomarían los principios originales del partido emanado de la revolución popular de 1910 y que en la primera mitad del siglo XX tuvo una amplia vocación socialista.
Pero nada pudo quedar más lejos de esa promesa. El nuevo PRI fue la fachada de una camada de gobernantes que saqueó las arcas públicas de los estados en un tiempo récord.
Los 22 gobernadores priistas que ejercieron el poder en paralelo con la presidencia de Enrique Peña Nieto sumaron más de 258 mil millones de pesos desviados de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación, citados en un reportaje de Sin Embargo.
Una de las acusaciones emblemáticas es la llamada “Operación Safiro”, en la que se presume un desvío de 250 millones de pesos para financiar campañas electorales del PRI
De la emblemática foto del “nuevo PRI” de Peña Nieto con los gobernadores del inicio de su gobierno, hoy varios están en la cárcel: Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa exgobernador de Veracruz; Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit; Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, y el propio César Duarte, en cuya administración se han documentado el uso de contratos simulados, servicios fantasmas, desvíos directos del erario y triangulación de recursos —de organizaciones vinculadas con él — como métodos para lavar dinero y ocultar fondos desviados.
Durante su mandato, la deuda pública estatal de Chihuahua se incrementó de manera dramática: pasó de unos ~12 mil millones de pesos a cerca de 48 mil millones.
Una de las acusaciones emblemáticas es la llamada “Operación Safiro”, en la que se presume un desvío de 250 millones de pesos para financiar campañas electorales del PRI. También se le imputa transferencias por ~96 millones de pesos hacia una organización ganadera de la que él era socio/fundador, usando recursos públicos para beneficio privado.
La detención del exgobernador de Chihuahua pone en evidencia que la promesa de renovación del “nuevo PRI” falló en términos de integridad: una veintena de sus cuadros prominentes están actualmente acusados de corrupción. Falta, todavía, el jefe de todos.