La violencia machista en los medios
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia — vigente en México desde 2007 —establece la obligación de la federación, los estados y los municipios de “prevenir, atender, sancionar y erradicar” la violencia contra las mujeres, bajo los principios de igualdad y no discriminación. Define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.
Incluye figuras como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para territorios específicos donde se reconoce riesgo elevado de feminicidio o desaparición.
En los últimos años se han emitido otras legislaciones para proteger a las mujeres. Unas locales, como las reformas que en 2023 modificaron 11 leyes del Estado de México para erradicar feminicidio, desaparición de mujeres, violencia sexual.
O la Ley Olimpia que tipifica la violencia digital, es decir, la difusión no consensuada de imágenes íntimas, acoso digital Y La Ley Ácida que tipifica como delito los ataques con ácido o sustancias corrosivas, considerados formas graves de violencia basada en género o la Ley Paola Buenrostro que tipifica el transfeminicidio en algunas entidades.
México tiene una legislación robusta, en comparación con otros países, para erradicar la violencia contra las mujeres En el ámbito de políticas públicas, México también va a la vanguardia. En buena medida por el impulso del movimiento feminista y de la sociedad civil, tenemos programas federales para prevención, refugios especializados, líneas de atención las 24 horas y capacitación de cuerpos de seguridad con enfoque de género. Incluso algunas fiscalías especializadas.
México tiene una legislación robusta, en comparación con otros países, para erradicar la violencia contra las mujeres En el ámbito de políticas públicas, México también va a la vanguardia. ¿Qué ha fallado?
Pero la violencia contra las mujeres no cede. La agresión sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum cuando caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México poner el foco en lo que es una realidad cotidiana para millones de mujeres mexicanas.
¿Qué ha fallado? Necesitamos educación afectiva, dice la feminista Emanuela Borzacchiello, experta en políticas de género y estudiosa de la violencia contra las mujeres en México.
Hay que cambiar el eje del poder masculino, un territorio que se siente amenazado por la incursión de cuerpos feminizados en espacios de la vida pública que antes les eran reservados para los hombres.
Necesitamos educación y mucho trabajo, de todas y todos, para impulsar un cambio societal, nos dice la secretaría de las Mujeres.
En ese cambio, de fondo, los medios de comunicación tenemos una función fundamental. Podemos amplificar la denuncia, generar solidaridad y cambios culturales; o podemos reproducir estereotipos, minimizar el daño, exponer sin consentimiento, y contribuir al retraumatización.
Cuando los medios mostramos imágenes del momento de la agresión, o la narramos insistentemente sin un enfoque de género, contribuimos a que la persona agredida vuelva a sufrir el daño simbólico o psicológico: no solo por la agresión en sí, sino por cómo es representada públicamente. Esto cobra especial relevancia porque en este caso la persona agredida es una figura pública, lo que añade capas de visibilidad, de debate, de segmentación política.
Hay que cambiar el eje del poder masculino, un territorio que se siente amenazado por la incursión de cuerpos feminizados en espacios de la vida pública que antes les eran reservados para los hombres
El hecho de que se trate de una mujer —y además la primera mujer presidente en México — implica que el incidente no es solo individual, sino que se puede leer simbólicamente como parte de la violencia de género estructural.
Hay que decirlo: la derecha mediática se sumó al acoso a la presidenta cuestionando la veracidad de la agresión y contribuyendo a la revictimización
La reproducción de contenidos que atentan contra la integridad de mujeres, adolescentes y niñas banaliza, justifica y lucra políticamente con el hecho. Usar las imágenes de una agresión para atacar, denigrar, vulnerar o ridiculizar a una mujer constituye una forma de revictimización que no debemos tolerar.
