Airbus amenazó al Gobierno con deslocalizaciones y despidos si no permitía la compra de material militar a Israel

La multinacional aeronáutica europea Airbus alertó al ejecutivo de que peligraban programas de defensa valorados en miles de millones de euros y el mantenimiento de miles de empleos en España si no se le autorizaba la compra de equipos militares israelíes, saltándose así el Real Decreto-ley 10/2025 de septiembre que establecía un supuesto embargo total al comercio de armas con Israel. La presión de la compañía acabó surtiendo efecto: el Ministerio de Defensa, responsable de liderar la desconexión tecnológica con el Estado genocida, rechazó inicialmente conceder excepciones al veto armamentístico contra el gobierno de Netanyahu, pero finalmente fue el departamento de Presidencia quien, tras recibir el informe favorable de la junta interministerial que controla el comercio de material militar (JIMDDU), llevó la petición de Airbus al Consejo de Ministros que la aprobó el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena.

La excepción afecta a cuatro programas de la empresa aeroespacial: el avión de transporte A400M, el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP. La mayor parte de estas aeronaves se ensamblan en las plantas de Airbus en San Pablo (Sevilla) y Getafe (Madrid), pero integran componentes fabricados en otros centros europeos y también equipos de terceros países requeridos por los clientes. Entre estos equipos se encuentra el sistema de protección Dircm de la firma israelí Elbit Systems, capaz de detectar y neutralizar automáticamente misiles antiaéreos de guiado láser, que Airbus había adquirido por 260 millones de dólares para equipar los A400M encargados por la Fuerza Aérea alemana. Los mismos sistemas se incorporarán a nueve aviones cisterna de Canadá y a otros nueve aparatos A330 MRTT de la flota multinacional gestionada por la OTAN que comparten Alemania, República Checa, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega.

El sistema de contramedidas frente a misiles de Elbit también había sido probado con éxito en el avión de transporte táctico C295, del que el Ejército del Aire acaba de adquirir 18 aparatos por 1.560 millones de euros completando una flota de medio centenar de unidades. Además, la Fuerza Aérea española eligió el radar de la compañía Elta System, filial de Israel Aircraft Industries (IAI), para equipar sus 16 nuevos C295 de vigilancia y patrulla marítima adquiridos en 2023 por 1.655 millones. Fuentes industriales sostuvieron que si el gobierno no autorizara la importación de estos equipos israelíes que Airbus debe integrar en los aviones a solicitud del cliente, el ensamblaje final de los mismos no podría hacerse en España y sería necesario reenviarlos a otra factoría europea de Airbus para terminarlos antes de proceder a su entrega.

El ejecutivo activó la disposición adicional primera del real decreto, que permite levantar excepcionalmente el veto al comercio militar con Israel cuando su aplicación "suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales", argumentando que una eventual salida de estos programas militares de suelo español tendría "un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales". En la breve justificación incluida en la referencia del Consejo de Ministros se indicaba que los cuatro programas a los que se aplicaba la cláusula de excepción tienen "un gran potencial industrial y exportador" y que la imposibilidad de importar los equipos militares israelíes, para los que no hay "alternativas inmediatas con garantías", ponía "en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España".

La decisión del gobierno confirma las advertencias que las organizaciones de apoyo a Palestina y Podemos realizaron cuando se aprobó el Real Decreto-ley en septiembre de 2025. Tanto la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) como otras organizaciones propalestinas señalaron entonces que el supuesto embargo no era tal y que el texto dejaba agujeros que podrían vaciarlo de contenido. Podemos también denunció durante el debate de convalidación en el Congreso que se trataba de "electoralismo barato" y alertó de que las excepciones que se reservaba el gobierno cuando hubiera envíos que afectaran a la seguridad nacional eran un "subterfugio para evitar la aplicación de un embargo real y efectivo". Sin embargo, tanto el PSOE como Sumar, así como los medios de comunicación afines a unos y otros, vendieron que el comercio de armas con Israel se iba a terminar. El gobierno presentó entonces el decreto como un paso histórico y definitivo para cortar las relaciones armamentísticas con el Estado genocida, cuando en realidad el texto reservaba una puerta trasera que ahora ha sido utilizada apenas tres meses después de su aprobación.

Al margen de los proyectos de Airbus, Defensa ha cancelado algunos programas destinados a las Fuerzas Armadas españolas que dependían de tecnología israelí, como el lanzamisiles de largo alcance SILAM, el misil contracarro Spike o el vehículo de combate 8x8 Dragón. Tras haber cancelado un contrato de 697 millones para adquirir el SILAM con tecnología del sistema PULS de la israelí Elbit Systems, las compañías Escribano y Expal trabajan ya en una alternativa tecnológica que se considera viable, aunque a costa de una inevitable demora. De momento, no se ha encontrado un sustituto para el Spike LR2 de la israelí Rafael, de la que iban a comprarse 1.680 misiles por 287,5 millones.