Casi 10 años de procedimiento judicial por el espionaje a Pablo Iglesias y Dina Bousselham

Así lo ha fijado la Audiencia Nacional en una reciente resolución de 4 de noviembre de 2024, una vez ya fue acordada hace 9 meses la apertura de juicio oral en la causa que instruía sobre la sustracción de información a la exasesora de Podemos. Además de Villarejo, también hay peticiones de prisión para Alberto Pozas y Luis Rendueles, periodistas que en esos momentos ejercían su profesión en la extinta revista Interviú.

El robo a Bousselham data de 2015, momento en el que esta interpuso la correspondiente denuncia, pero no fue hasta principios del 2016 cuando aparecerían las primeras publicaciones en OkDiario con datos sustraídos del robo. Esto motivaría una ampliación de la denuncia.

Hoy día debido a las pesquisas y averiguaciones realizadas durante un posterior proceso a raíz del hallazgo de toda la información que guardaba el excomisario Villarejo, se sabe que a la sede del Grupo Zeta (al cual pertenecía interviú), una persona no identificada entregaría un sobre que contenía la tarjeta de almacenamiento externa que había estado conectada al teléfono de Bousselham.

La ya mencionada revista no publicó los contenidos, sin embargo, uno de los ahora imputados, Alberto Pozas crearía una copia de los archivos de Bousselham, la cual compartiría con el otro imputado, Luis Rendueles, quienes acabarían facilitando esa información a Villarejo, ya que antes de esta situación este último ya les había servido de fuente de información. Se conoce que también tuvieron acceso a la misma, Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, y Miguel Ángel Liso Tejada, director editorial. Villarejo presuntamente la compartiría con Eduardo Inda, razón por la cual se sucederían las publicaciones en OkDiario.

Las conexiones destapadas a raíz de la detención de Villarejo en 2017 en el marco de la operación Tándem, donde se hallaría la información robada a Bousselham en dispositivos del propio Villarejo, posibilitaba el esclarecimiento de nuevos extremos sobre el hurto y posterior publicación de la información, sin embargo, esto no fue tenido en cuenta por el instructor, Manuel García-Castellón.

También daba la posibilidad de que otros afectados por las publicaciones como el propio Pablo Iglesias se presentara como perjudicado en la causa, extremo que fue aceptado por el instructor inicialmente, hasta que este consideró retirarle esta condición, debido, en parte, al retraso en la devolución después de que le entregaran parte del dispositivo robado, esto a pesar de que Bousselham defendió su actuación debido a su relación personal y profesional y que judicialmente al ser la víctima es quién ostentaba la potestad incriminatoria, ya que la acción penal se extingue ante los sujetos si la víctima así lo quiere.

Este intento de quitar la condición de perjudicado es frustrado, primero por la Audiencia Nacional que ordena a García-Castellón restituirle esa condición a Iglesias, criterio ignorado por el instructor, quien persistiendo en su intento ya denegado por su superior jerárquico judicial, intenta imputar a Iglesias en el Tribunal Supremo debido al aforamiento del que gozaba Iglesias en el momento de la instrucción, órgano que también deniega su petición por no cumplirse los requisitos legales necesarios para realizar esa actuación contra Iglesias.

Otra actuación destacada de García-Castellón es la admisión de las personaciones como acusación popular, por un lado, de Vox, y por otro de Prolege, asociación cercana al PP, la cual es conocida por personarse en todos los procesos en los que se ve incurso Podemos o alguno de sus miembros, como fue el ya archivado caso Neurona.

Una de las últimas actuaciones fue la de los peritos ordenados por el propio García-Castellón, quienes determinaron que los supuestos daños producidos a los dispositivos de Bousselham no podían ser imputables a Iglesias, siendo esta una de las últimas diligencias del caso antes de pasar a la fase de juicio oral, habiendo ignorado durante todo el proceso la estructura organizativa que permitió el robo y publicación de los datos de Bousselham y sin investigar los nexos que unían a OkDiario e Inda con Villarejo.

Hubo también, una vez ya finalizada la instrucción, derivaciones posteriores a juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid por parte de García-Castellón, sin embargo, estas acabaron archivadas sin mayor trámite debido a la falta de cumplimiento de los requisitos legales para abrir estos procedimientos contra Iglesias o Bousselham.

Desde Diario Red hemos podido hablar con fuentes jurídicas cercanas a las partes acerca de la lentitud del proceso, quienes han declarado lo siguiente: “Están señalando con muchísima lentitud; por poner un ejemplo, el caso Pujol acaban de señalar fecha para el juicio a finales del 2025 y también va a ocupar parte del 2026, o por ejemplo la causa Kitchen no tiene fecha aún, a pesar de que tenemos escritos de defensa de hace casi 8 meses y se admitieron o denegaron las pruebas solicitadas en septiembre, pero aún no tenemos fecha de juicio […], sigue pendiente de señalar. No se están señalando los juicios para unos meses si no que se están yendo al 2026 y no sé si incluso hasta el 2027. […] Parece que van arrastrando los pies. El caso Pujol, que llevaba investigándose más de diez años, tampoco parece que sea prioridad”

La Fiscalía pide para Alberto Pozas y Luis Renduelles tres años de prisión y para Villarejo cinco por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que la defensa de Iglesias y Bousselham piden cuatro para el excomisario y entre tres y cuatro para ambos periodistas.