Un informe de los Mossos vincula al ex-ministro Catalá al ‘Caso Montoro’ por su relación con Codere

El sumario judicial del ‘caso Montoro’ por tráfico de influencias por parte del ex-ministro de Hacienda incluye un informe realizado en 2022 por los Mossos d’Esquadra, el cuál señala “irregularidades en el seno del Ministerio de Hacienda” más allá de las empresas del sector gasístico. En el informe se alude a tratos preferentes a la multinacional de apuestas Codere a la hora de otorgar licencias de juego online, y se cita al ex-ministro de Justicia Rafael Catalá, que trabajó con Montoro en Hacienda y formó parte del consejo administrativo de Codere entre 2005 y 2011.

Entre los documentos que han llevado a la imputación de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante las legislaturas de Aznar y Rajoy, por tráfico de influencias, ha aparecido el nombre de otro ex-ministro del Partido Popular: Rafael Catalá Polo. El alto funcionario tuvo relación con Montoro trabajando como subsecretario de Hacienda entre 2000 y 2002, y posteriormente sustentó el cargo de ministro de Justicia con Mariano Rajoy de 2014 a 2018, durante el cuál fue reprobado en 2017 por obstaculizar causas judiciales contra la corrupción, en medio de las tramas Gürtel, Bárcenas, Tarjetas Black o Mercamadrid, entre otras.

Sin embargo, lo que lleva a Catalá a figurar en el ‘caso Montoro’ es su relación con la empresa de apuestas Codere, en la que fue parte de su consejo administrativo entre 2005 y 2011 y por la cuál volvió a fichar en 2019 tras el fin del gobierno de Mariano Rajoy. La empresa fue criticada por sus competidores durante la gestación de la Ley de Juego en 2011 y el otorgamiento posterior de licencias para poder operar casas de apuestas online en 2012, los cuáles alegaron que se estaba legislando en beneficio de Codere por encima de sus competidores internacionales.

Cuando la Ley de Juego entró en vigor, Hacienda obligó a las empresas extranjeras a tributar de forma retroactiva sus actividades en suelo nacional entre 2008 y 2011, recaudación que llegó al total de 150 millones de euros. Según el medio Bloomberg, el principal beneficiario de esta legislación fue Codere, el cuál recibió una ventaja presupuestaria considerable por encima de sus competidores.

Como informa elDiario.es, Codere contrató los servicios del bufete Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006, de la misma manera que lo hicieron las empresas del sector gasístico por las que se ha abierto la causa judicial. Entre 2008 y 2012, Equipo Económico facturó un total de 679.000 euros en cinco años, en medio de la negociación y aprobación de la Ley de Juego y con Catalá a la cabeza del consejo de empresa.

Hoy en día, Codere cuenta con una red de más de 5.000 terminales de apuestas y 8.500 máquinas tragaperras por todo el país, y es el segundo operador de casas de apuestas más grande del país. Según la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), un 4,3% de la población española se ha enfrentado a problemas de ludopatía, una cifra que está en aumento desde la pandemia del Covid-19 por el acceso ilimitado a portales online de juego y la proliferación de las casas de apuestas en los barrios populares, que se aprovechan económicamente de la población empobrecida.

Según la DGOJ, además del acceso no regulado al juego online, los factores que más afectan a la ludopatía son las campañas publicitarias agresivas de las empresas de juego (las cuáles fueron permitidas por el Tribunal Supremo en 2023) y la insuficiente concienciación de la población. Los datos oficiales nos indican, además, que las familias españolas pierden 1,200 millones de euros al año en apuestas, y que un 25% de los divorcios se dan a causa de los problemas de juego de uno de los cónyuges.