Mientras el Gobierno mantiene una retórica belicista contra Putin, España compró en marzo más gas a Rusia que nunca antes en la historia

Pedro Sánchez lleva meses construyendo un relato en el que Rusia es una amenaza existencial para España y para Europa. El mismo relato que usa Alemania. El mismo que exporta la Comisión Europea. Una narrativa que, en el caso del Gobierno español, ha servido para justificar el mayor aumento del gasto militar en décadas: el presupuesto de Defensa escalará hasta el 2,1% del PIB, miles de millones de euros arrancados a los servicios públicos en nombre de una amenaza que, al parecer, no impide hacer negocios energéticos récord con el país que la encarna.

Porque en marzo, mientras los ministros hablaban de Putin como un peligro inminente para la seguridad del continente, España le compraba gas ruso como nunca antes lo había hecho en su historia. Las importaciones alcanzaron los 9.807 gigavatios hora (GWh) en un solo mes, según los datos del gestor del sistema gasista Enagás. Un récord histórico que supera incluso los niveles de 2023, cuando la crisis energética disparó los precios y los operadores acudieron masivamente al mercado ruso. Rusia, el país al que hay que frenar militarmente, aportó en marzo una de cada cuatro moléculas de gas que entraron en España.

La contradicción es tan desnuda que resulta difícil de sostener sin recurrir a la hipocresía deliberada o a la sumisión ante los intereses del mercado energético. El Gobierno de Sánchez necesita que Rusia sea el enemigo para justificar el rearme. Al mismo tiempo, necesita el gas ruso —más barato ahora que nunca porque las sanciones han reducido sus compradores potenciales y Moscú se ve obligado a competir en precio— para sostener el suministro de un país que ha incrementado su consumo eléctrico y que teme la repetición del apagón del 28 de abril de 2025. La geopolítica del miedo y el pragmatismo del mercado conviven sin rozarse, y nadie en el Ejecutivo parece sentir la obligación de explicar la coherencia entre ambos.

Las razones del récord son varias, según fuentes expertas del sector del gas natural licuado consultadas por El País. El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del gas, que pasó de unos 30 euros por MWh a superar los 60 euros MWh, e interrumpió los suministros desde el Golfo Pérsico: Qatar y Emiratos Árabes Unidos han reducido con fuerza sus exportaciones tras recibir ataques en sus infraestructuras energéticas. Grandes traders internacionales han buscado alternativas, y el gas ruso —penalizado por las sanciones, huérfano de compradores, barato— ha resultado la opción más competitiva. España, además, cuenta con seis plantas regasificadoras activas, lo que la convierte en una potencia almacenadora y en un destino atractivo para esos operadores internacionales. El gas que entra no siempre es para el mercado español; también puede encontrar otro destino desde aquí.

Hay un factor más que apunta directamente al calendario político europeo. La Unión Europea aprobó un marco normativo que prohíbe desde finales de abril adquirir gas ruso en el mercado spot o de corto plazo. Ante la inminente entrada en vigor de esa restricción, los operadores han incrementado el aprovisionamiento antes de que se cierre la ventana. Es el gas de última oportunidad, el que se compra antes de que la retórica de los cancilleres se convierta en norma vinculante. Lo llamativo es que esa misma retórica —la que dibuja a Rusia como potencia invasora inaceptable— es la que el Gobierno de Sánchez ha adoptado para venderle a la ciudadanía española que gastar en armas es una necesidad histórica.

El rearme tiene un coste de oportunidad que el Gobierno prefiere no explicitar: cada euro destinado al presupuesto de Defensa es un euro que no va a sanidad, a educación o a dependencia. Mientras tanto, las importaciones de gas ruso baten récords y los precios de la energía siguen presionando el bolsillo de las clases populares. El Ejecutivo ha respondido con una bajada de impuestos de 5.000 millones de euros —reducción del IVA de la gasolina, el gasóleo, la luz y el gas— que alivia el síntoma sin tocar la causa. La causa es un modelo energético que hace décadas que debería haberse emancipado de la dependencia de los combustibles fósiles y de las potencias que los controlan, pero que sigue atado a ellos porque la transición energética ha quedado en manos del mercado y de los grandes capitales, no de una planificación pública y democrática.