La movilización social obliga a Collboni a comprar la Casa Orsola
Tras varias semanas de concentraciones, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que la Casa Orsola, símbolo de la crisis de vivienda, se comprará “a través de una fórmula social colaborativa”
La movilización ciudadana en defensa de los inquilinos de la Casa Orsola, hace visible una vez más el descontento con la vivienda en España, y la lucha contra la especulación inmobiliaria y la gentrificación. La Casa Orsola fue adquirida en 2021 por el fondo de inversiones Lioness Investments, con el objetivo de poner fin a los contratos de los inquilinos y convertir los pisos para alquileres de temporada, elevando sus precios. En su día, la ex -alcaldesa Ada Colau no compró la propiedad cuando se puso a la venta, y más tarde pidió al nuevo propietario que abandonaran sus planes, sin éxito. Una semana después de la venta, la empresa exigía a los vecinos abandonar sus viviendas al acabar su contrato.
El pasado 31 de enero se había fijado como fecha de desahucio para Josep Torrent, un profesor que llevaba 22 años viviendo en la Casa Orsola. Una movilización impulsada desde el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), conseguía impedir el desalojo y posponerlo en dos ocasiones. Las manifestaciones y protestas fuera de la propiedad no han cesado desde entonces, obligando al propietario y al consistorio a llegar a un acuerdo para su compra. El Ayuntamiento ha anunciado que el inmueble se adquirirá “a través de una fórmula social colaborativa” junto con Hábitat 3, una entidad sin ánimo de lucro que actúa como gestora de viviendas de alquiler social en Cataluña.
El alcalde del PSC, Jaume Collboni, iniciaba sus declaraciones tras la compra diciendo que “todos los pisos pasarán a ser gestionados por la entidad social Hábitat 3. Es una operación innovadora, extraordinaria, gracias a una nueva forma que es la compra social colaborativa”. Collboni, cuya cercanía a la patronal inmobiliaria es palpable, se ha visto obligado por la presión a realizar este movimiento, llegando a defender en sus declaraciones que el objetivo de la compra es enviar un mensaje muy claro: “Barcelona defenderá el derecho a la vivienda y lo hará no solamente con decisiones como estas, sino con el objetivo de cambiar las reglas del juego en la vivienda de las grandes ciudades europeas”.
El Sindicato de Inquilinas, pese a que celebra la compra, critica las formas de la adquisición. La portavoz del Sindicat, Carme Alrarazo reprocha que la compra se ha hecho a espaldas de los vecinos: “Lejos de ponerse del lado de los inquilinos, el Ayuntamiento ha negociado a espaldas de los inquilinos y del Sindicato para garantizar que el especulador no perdiera ni un euro”. Critican que el Ayuntamiento vaya a pagar 9,2 millones de euros, diciendo que esto solo consigue: “premiarle y rescatarle después de años intentando echar a los vecinos”.
🔴 ATENCIÓ. Hem aconseguit fer fora l'Albert Ollé i els fons voltors de la Casa Orsola.
— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) February 7, 2025
Una comunitat de llogaters en lluita, amb un Sindicat al costat, ha aconseguit treure aquests pisos del mercat i no haver de marxar de casa seva.https://t.co/yCGTm03JKN
Las críticas a Collboni también surgen a raíz de su intención de eliminar la medida acerca del 30% de vivienda pública en Barcelona. Desde 2018, la normativa urbanística obliga a destinar el 30% de los pisos de cada edificio construido a vivienda pública. El ejecutivo de Collboni ha tratado de limitar y reformar la medida en numerosas ocasiones, al mismo tiempo que se cuelga una medalla por la compra de la Casa Orsola.
