El nuevo macro-CIE de Algeciras finaliza un proyecto de la era Rajoy y continúa una política contra las personas migrantes
El comienzo de la recepción de personas en este nuevo macrocentro planificado por Juan Ignacio Zoido junto a la reciente revelación sobre la externalización migratoria española en Mauritania consolida la visión restrictiva del Gobierno en esta materia
A principios de este mes tuvo lugar la apertura del nuevo macro-CIE de Algeciras, el cual, según se informó a diversos medios, ha comenzado a recibir personas migrantes en una «fase de rodaje y pruebas» antes de su apertura oficial. Este nuevo centro pasa a ostentar el puesto de segundo mayor CIE del país, con un total de 507 plazas, siguiendo en primer lugar el centro de Madrid, que tuvo a 593 personas internadas, según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes.
A pesar de que apenas ahora se ha empezado a recibir personas para internar en este centro, este cuenta con una larga trayectoria, ya que su planificación data de 2017 cuando la cartera del Ministerio del Interior residía en Juan Ignacio Zoido, durante el segundo gobierno de Mariano Rajoy, quien lo anunció con un video promocional en la, por aquel entonces, red social Twitter, hoy día X.
El proyecto comenzó sus andanzas ya con la cartera de interior en manos de Fernando Grande-Marlaska, cuando en 2018 se firmó el convenio con el Ayuntamiento de Algeciras que cedió los terrenos del centro a este ministerio. Otro paso que dio el gobierno de Pedro Sánchez fue mantener la partida presupuestaria correspondiente a este nuevo CIE en los presupuestos generales del Estado de 2019, la cual continuaba acompañada de la planificación de la construcción de dos centros más en Madrid y Málaga, manteniendo el criterio de la era Rajoy. La construcción comenzó en 2021 y el proyecto ve ahora la luz un año más tarde de lo previsto, ya que se preveía su puesta en marcha para finales de 2024.
Por otro lado, este hecho se produce poco después de la revelación de la apertura de dos centros de detención para migrantes en territorio mauritano bajo patrocinio español a través de la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP), agencia de cooperación dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Estos dos centros están ubicados en Nuakchott, capital del país, y en Nuadibú, cerca de la frontera con el Sahara Occidental, ocupado por Marruecos. Fundación porCausa, investigadores de este reportaje, consiguieron también averiguar que estos centros se usaran también para detener a menores de edad, incluso lactantes, ya que ambos centros incluyen cunas. En total, entre ambos centros se habilitan un total de 183 plazas.
Este centro se suma al esfuerzo conjunto de agentes españoles sobre el terreno que ya venían operando junto a las fuerzas de seguridad mauritanas en allanamientos sin autorización judicial, así como detenciones mediante perfilación racial.
El desembolso por estos centros asciende a casi 1.100.000 de euros de fondos europeos provenientes del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, sin embargo, en el viaje diplomático hecho por el gobierno español y la presidencia europea en agosto de 2024 se prometieron más de 500 millones de euros.
La apertura de estos centros en el exterior se une a la de este nuevo CIE en Algeciras configurando una visión por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez de clara orientación restrictiva respecto a las migraciones, contradiciendo además este último hallazgo la posición de Elma Saiz hace unos meses en su entrevista en Público donde aseguraba que el Gobierno rechazaba las externalizaciones de personas migrantes a terceros países.
Las investigaciones más recientes han mostrado que la eficiencia de estos centros en su labor como paso previo a la expulsión de personas migrantes del territorio español no se cumplen, ya que casi la mitad de los internados durante 2024 no fueron expulsados y más del 40% de los internamientos acabaron anulados según el último informe sobre estos centros por parte del Servicio Jesuita a Migrantes, cifras muy altas que lo único que pueden constatar es que tienen una función de privación de la libertad sin un fin que en última instancia se cumpla.
Además, las cifras de internados han disminuido a lo largo de los años, llegando incluso al desuso de algunos centros, como es el caso del CIE de Hoya Fría en Tenerife. Se ha pasado de tener un total de 7.286 personas internadas en todos los centros del país en 2014 a un total de 1.863 en 2024.
La Coordinadora CIEs No Cádiz ha señalado en un comunicado cómo este centro ha sido abierto por sorpresa y sin previo aviso a las entidades sociales que visitan estos centros. También han denunciado el carácter carcelario de estos y como el viejo CIE de Algeciras ya enfrentaba una situación de desuso debido a la disminución paulatina de personas internadas, no entendiéndose la inversión y apertura de este nuevo CIE que tiene capacidad para ocho veces el volumen de personas del viejo centro que contaba con capacidad para 60 personas.