Prisión para un ex cargo del PP en la causa de corrupción más mediática de Ceuta

Este miércoles a mediodía, El Faro de Ceuta publicaba el avance de la sentencia del caso Emvicesa, la macrocausa de corrupción política más mediática de la última década en la Ciudad de Ceuta. Su principal protagonista, Antonio López, quien, designado por el Gobierno del Partido Popular, y habiendo sido también viceconsejero, dirigía la sociedad municipal que da nombre a la trama, ha sido condenado a cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho. También han percibido penas de prisión diferentes intermediarios y cooperados necesarios que, asociados con López, hicieron negocio a través de la compra y venta de viviendas de protección oficial.

El fallo del tribunal, que todavía no es firme, se hace público un año después de que el caso, tras dos meses de juicio oral cuyo avance era diseccionado por los medios locales prácticamente a diario, quedase visto para sentencia en diciembre de 2023.

Entre los absueltos se encuentran las tres personas que, en aquel febrero de 2017 en el que afloraron la confusión y las detenciones, ostentaban puestos de representación pública. Hablamos, por un lado, de las entonces consejeras, Susana Román y Rabea Mohamed, y por otro, de Mohamed Ali, líder del partido de la oposición, Caballas.

Cabe destacar que la imputación de Ali en este caso fue, desde el comienzo, algo llamativo por inexplicable, puesto que el político progresista nunca dispuso de capacidad alguna de gestión, siendo el único indicio en su contra el cumplimiento de su obligación como concejal/diputado al acudir a las diferentes convocatorias del órgano colegiado denominado Comisión Local de la Vivienda. En consecuencia, las sospechas de lawfare han sobrevolado siempre alrededor de la causa. En las elecciones de 2019, la izquierda autonomista representada por Caballas (antecesora de la actual Ceuta Ya!) pasó de cuatro diputados a solamente uno. Fatima Hamed, quien abandonó Caballas en 2014 (quedándose, no obstante, con el escaño que había logrado con la formación) y que siempre que ha tenido ocasión ha insistido en señalar la condición de investigado de su anterior dirigente, es hoy la principal aliada de la derecha en el poder. Gracias a los votos del Partido Popular, disfruta de la vicepresidencia segunda de la Asamblea, con una retribución (previamente pactada) de más de 80.000 euros anuales.

A la espera de una sentencia firme que (como todo apunta) no alterará lo conocido este miércoles, podemos decir que culmina un caso que, durante casi ocho años, ha ocupado un lugar absolutamente trascendente en la discusión política de la Ciudad Autónoma.