Bélgica vivió una histórica semana de huelgas, sin precedentes desde 1980
Miles de trabajadores se movilizaron contra el nuevo gobierno de De Wever, apodado "Arizona", que planeaba, entre otras medidas, elevar la edad de jubilación a 67 años, recortar las pensiones y llevar a cabo un ataque generalizado contra el estado de bienestar belga.
Huelga nacional en Bélgica: un país casi paralizado
Desde la semana pasada, piquetes de huelga florecieron por todo el territorio belga. Ferroviarios, carteros, profesores, artistas, personal sanitario, trabajadores del sector privado: todos se movilizaron contra los anuncios del gobierno "Arizona", una amplia coalición que abarcaba desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia.
Formada tras las últimas elecciones de 2024 en torno a Bart De Wever (N-VA – partido de extrema derecha flamenco), e integrada por Vooruit (el Partido Socialista flamenco), los liberales de Open VLD, CD&V y el Movimiento Reformador de Georges-Louis Bouchez, esta coalición –que se había fijado como objetivo aplicar una política de austeridad y desmantelamiento social– se enfrentó en todo el país a un amplio frente social.
Se trató de una movilización sin precedentes, iniciada por los sindicatos hacía casi un año, tras la formación del gobierno, y que ya había logrado reunir a 140.000 personas el pasado 14 de octubre en una de las mayores manifestaciones en Bélgica en los últimos 40 años.
Los sindicatos, de todos los signos –con el PTB a la cabeza, desplegando a sus militantes en apoyo a los piquetes por todo el país– prometieron una lucha encarnizada
Esta vez, supuso una nueva escalada en la voluntad del movimiento social por demostrar su rechazo a las medidas propuestas por un gobierno que aparecía debilitado en su legitimidad y su capacidad para representar los intereses de todo el país. Tres días de huelga que se tradujeron en un fuerte impacto en el transporte, con el país prácticamente paralizado: todos los vuelos de pasajeros desde el aeropuerto de Bruselas fueron cancelados el 3 de diciembre, más de la mitad de los vuelos con destino a Bruselas también suprimidos, y todas las cancelaciones en el aeropuerto de Charleroi. En Bruselas, ningún autobús circuló aquel miércoles, mientras que en el país más de la mitad de los trenes no prestaron servicio.
Una destrucción sin precedentes de los derechos laborales
Cabe señalar que los ataques contra los derechos de los trabajadores eran inéditos. En primer lugar, en materia de pensiones: la edad legal se elevaría a 67 años para 2030, con una disminución significativa de las pensiones y una penalización para quienes se jubilaran antes. En segundo lugar, respecto a la indexación de los salarios a la inflación, un logro históricamente conquistado que aún ofrecía un respiro a millones de asalariados mal remunerados, y sobre la cual el gobierno había prometido dar marcha atrás. Finalmente, contra la exclusión de millones de trabajadores desempleados a partir de enero: hasta 185.000 personas podrían perder sus prestaciones.
Armas en lugar de servicios públicos de calidad
Pero estos ataques no terminaban ahí. Reducción de las bonificaciones por trabajo nocturno y dominical, generalización del trabajo los fines de semana y de los contratos de cero horas, imposición de la semana laboral de 45 horas, desmantelamiento de los servicios públicos de salud y educación (primaria, secundaria y universitaria), criminalización del sindicalismo y los colectivos activistas: nada se salvaba. Estas preocupaciones se vieron reforzadas aquel lunes con el anuncio del nuevo acuerdo presupuestario desvelado por De Wever, que incluía un aumento del IVA y del precio de la energía, ya de por sí muy elevado en Bélgica.
Este acuerdo presupuestario de última hora retomaba las grandes líneas esbozadas por la coalición desde su investidura: la protección del capital y de los numerosos millonarios de Bélgica
Un acuerdo, por cierto, alcanzado el primer día de huelga. "Una coincidencia", según Bart De Wever, quien permaneció sordo a las demandas de los trabajadores del país. Otra "coincidencia": los 34.000 millones de euros asignados a Defensa, mientras el gobierno de extrema derecha sangraba los servicios públicos y a los trabajadores. De hecho, el gobierno belga había anunciado recientemente la compra de 11 aviones de combate estadounidenses F-35, un pedido estimado en más de 1.500 millones de euros, mientras que, al mismo tiempo, el recorte del presupuesto federal total superaba los 11.000 millones hasta 2029.
Este acuerdo presupuestario de última hora retomaba las grandes líneas esbozadas por la coalición desde su investidura: la protección del capital y de los numerosos millonarios de Bélgica. Esto contrastaba con la campaña llevada a cabo por el PTB junto al movimiento social para establecer un impuesto a los millonarios que financiaría un presupuesto de manera más justa, un eco de la obstinación del poder macronista por rechazar cualquier medida de justicia social.
Una cosa era segura: los sindicatos, de todos los signos –con el PTB a la cabeza, desplegando a sus militantes en apoyo a los piquetes por todo el país– prometieron una lucha encarnizada. Ante un Primer Ministro que "no se había enterado de la huelga" y que continuaba negando la realidad, no había duda de que esta batalla podría prolongarse en los próximos meses. Los ferroviarios ya habían anunciado una huelga de una semana si la reforma de las pensiones llegaba a aprobarse.
