Donald Trump, los aranceles y el falso enemigo
La guerra arancelaria que ha iniciado Donald Trump este 1 de febrero parece ser un paso más en la creación de un enemigo en México
Donald Trump ha iniciado este sábado su guerra arancelaria, con la firma de una orden ejecutiva para imponer aranceles a sus tres principales socios comerciales: México, China y Canadá.
A sus vecinos y socios en el TMEC, el tratado comercial que une a los tres países de Norteamérica y que el propio Trump firmó en 2018, les impuso un aumento generalizado del 25 por ciento de aranceles, que entrará en vigor el 4 de febrero. Solo hay una excepción, en el caso de los productos energéticos de Canadá el arancel será del 10 por ciento.
En cuanto a China, su segundo socio comercial, el gravamen será de 10 por ciento sobre los aranceles que ya se aplican. Las órdenes ejecutivas también establecen medidas para aumentar la tasa arancelaria si los países afectados responden con aranceles.
La decisión ha sido tomada por Canadá como una declaración de guerra comercial. Los aranceles revertirían tres décadas de integración entre Estados Unidos y México.
En un comunicado, la Casa Blanca aseguró que Trump “está tomando medidas decisivas para proteger a los estadunidenses de la crisis del fentanilo” y que son necesarias para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas a Estados Unidos.
“Los carteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”, agregó la Casa Blanca.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la calumnia de la Casa Blanca y le recordó que si en algún lugar existe la alianza con criminales es en las armerías de los Estados Unidos. También recordó todas las acciones coordinadas y la comunicación entre los dos países para atende el problema del narcotráfico y la migración.
“Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales.
El “enemigo extranjero”
En la Segunda Guerra Mundial, después de los ataques a Pearl Harbor, Estados Unidos metió en campos de concentración a unas 120 mil personas de origen japonés. Más de la mitad eran ciudadanos estadunidenses que vivían en la Costa Oeste.
La histeria contra los ciudadanos de origen japonés comenzó en diciembre de 1941, cuando se esparció el rumor de que 20 mil nisei ("segunda generación", en japonés) preparaban un levantamiento armado en San Francisco. El Congresista Leland Ford escribió una carta meter a los japoneses en campos de concentración. Los Ángeles Times contribuyó con el relato: “Una víbora es una víbora, sin importar donde se abra el huevo”.
El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt firmó la orden ejecutiva 9066, que autorizaba al Departamento de Guerra que delimitara áreas militares. La Corte rechazó una apelación que intentó impugnar el derecho del gobierno a encerrar personas por razones étnicas, y el 31 de marzo, se declaró la primera zona “fuera de límites” para cualquier persona de ascendencia japonesa.
Siete de cada 10 desalojados habían nacido en Estados Unidos. Se les permitió llevar un bolso de mano. Estuvieron encerrados en los campos cuatro años, hasta después de la reelección de Roosevelt. Salieron sin casas ni tierras, con un boleto de tren y 25 dólares. El 20 de marzo de 1946, cerró Tule Lake, último campo de concentración establecido dentro del territorio estadunidense.
Se trata de una legislación promulgada en 1798 que otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para detener, deportar o restringir a extranjeros de países considerados enemigos
Esa fue la última vez que se aplicó la ley de Enemigos Extranjeros, invocada ahora por Donald Trump en su batería de órdenes ejecutivas relacionadas con México, la migración y el narcotráfico.
Se trata de una legislación promulgada en 1798 que otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para detener, deportar o restringir a extranjeros de países considerados enemigos. Forma parte del Título 50 del Código de los Estados Unidos y fue creada durante un período de tensión con Francia. Se aplica a hombres mayores de 14 años y puede ser invocada en situaciones de "invasión, guerra declarada o incursión predatoria" en territorio estadounidense. Antes de 1942 se usó en la Guerra de 1812 con Gran Bretaña y en la Primera Guerra Mundial.
¿Por qué ahora Trump apela a una vieja legislación que no fue considerada ni siquiera después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono?
En sus primeros días de regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha declarado una "emergencia nacional" en la frontera sur. También anunció deportaciones masivas, revocó la aplicación de CBP One (para la solicitud de asilo), incluyó a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de organizaciones terroristas, envió a mil 500 militares a la frontera de 3 mil 200 kilómetros con México, anunció que enviará a personas migrantes que hayan cometido crímenes graves a la base militar que tiene en Guantánamo, y advirtió que este 1 de febrero impondrá aranceles de 25 por ciento a los productos México y Canadá, lo que acabaría con el tratado comercial que existe entre los tres países.
Aunque en Davos matizó su discurso y aseguró que “con México estamos lidiando muy bien”, y aunque, efectivamente, México ha estado tomando medidas para evitar que las personas migrantes lleguen a la frontera norte, el discurso trumpista hacia adentro de Estados Unidos sigue construyendo un enemigo extranjero. Equipara la inmigración con una invasión, como si hubiera una ofensiva militar amenazando su territorio y habla de una crisis nacional como si estuviera en peligro de guerra. Las entrelíneas de sus órdenes ejecutivas tienen una misma guía narrativa: hay un país enemigo en la frontera sur.
“Está transformando por entero la política de Estados Unidos en relación con la frontera, y en relación con el tema de migración”, evaluó Jorge Luis Sierra, periodista experto en seguridad militar, en una entrevista en el noticiero Momentum.
“Las órdenes ejecutivas están creadas bajo una mirada que, en buena medida, es una falacia —explicó Sierra—. Trump está viendo una invasión, una crisis incontenible y que las instituciones no alcanzan. Y la realidad es que durante los últimos semestres del gobierno de Joe Biden la cantidad de ingresos de personas indocumentadas alcanzó niveles históricos mínimos”.
¿Qué busca, entonces?
“México y Estados Unidos van a entrar en un proceso de negociación. Están intentado llegar a las negociaciones con México con una exhibición de fuerza para hacer que México adopte políticas acordes con el plan de Estados Unidos y que termine apoyando dentro de su territorio las políticas que está impulsando Trump”, dijo Sierra.
“Vamos a tener en los próximos meses una frontera militarizada de ambos lados. Y va a haber una situación histórica muy especial entre México y Estados Unidos”.
¿Protección de las fronteras?
La Ley posse comitatus (fuerza del condado, en latín) establece límites al gobierno de Estados Unidos en el uso de militares y fuerzas armadas para asuntos domésticos. Es una ley vieja, aprobada en 1878, tras la Guerra de Secesión, y promovida por la supremacía blanca del sur para permitir que ciudadanos apoyen a los alguaciles (sheriffs) y eviten la intervención federal.
Pero las órdenes ejecutivas de Trump van en el sentido contrario: La declaración de una emergencia nacional en la frontera con México permite unificar a las policías de Condado y de la ciudad y autoriza a las fuerzas armadas para hacer presencia en la frontera, bajo el argumento de que la simple entrada sin documentos es ya, en sí misma, un acto criminal.
La designación de carteles como organizaciones terroristas es otra medida que amplía las facultades operativas de las fuerzas armadas. De acuerdo con la Ley Pública 104-132 o Ley Contra el Terrorismo, promulgada en 1996, el presidente de Estados Unidos “debe utilizar todos los medios necesarios, incluida la acción encubierta y la fuerza militar, para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por los terroristas internacionales, incluidas las instalaciones de entrenamiento terrorista en el extranjero y los refugios seguros”. La designación de una Organización Foránea Terrorista abre la puerta al gobierno de los Estados Unidos para el uso de prohibiciones a las personas y entidades estadounidenses de proporcionar apoyo material o recursos a las organizaciones designadas. De no cumplirse con los requerimientos marcados por la ley estadunidense, se podrían aplicar multas y penas de prisión. Además, las instituciones financieras estarían obligadas a bloquear transacciones ligadas con dichas agrupaciones criminales, previa investigación de las fiscalías. La designación no facilita -desde una perspectiva legal- la acción militar en México, pero podría servir como un trampolín político hacia alguna forma de intervención militar al ayudar a construir una justificación para ello.
Trump parece decidido a correr el riesgo, igual que con la imposición de aranceles, una política comercial que afectará a la propia economía de Estados Unidos
La medida puede complicar los negocios internacionales, restringir las solicitudes de asilo y tensar más las relaciones con México. Pero de nuevo apunta a la construcción del enemigo: migrantes y narcotraficantes mexicanos. Llama la atención la aplicación de esa orden que tiene tres requisitos principales: que sea un grupo extranjero, que tenga capacidades para realizar actos terroristas y que “amenace la seguridad nacional”. Denominar a los cárteles mexicanos como OFT amplía la red de persecución de personas o grupos sospechosos de ayudar a grupos criminales, y facilita la persecución de los miembros de los cárteles fuera de Estados Unidos.
Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump son procedimiento que tienen candados y es previsible que en los próximos meses, muchas de ellas serán litigadas en las cortes.
Pero Trump parece decidido a correr el riesgo, igual que con la imposición de aranceles, una política comercial que afectará a la propia economía de Estados Unidos. Su apuesta es romper la correlación de fuerzas interna que en este momento tiene el gobierno mexicano, que encabeza Claudia Sheinbaum. Sabe que es el principal obstáculo para su proyecto expansionista sobre América Latina y está dispuesto a poner ahí todas sus fichas, incluida la invención de un enemigo extranjero.
