Italia de Meloni libera a un oficial libio buscado por crímenes contra la humanidad
Najeem Osema Almasri Habish, jefe de la policía judicial de Trípoli y buscado por la Corte Penal Internacional, fue detenido en Turín
La policía italiana arrestó en Turín a Najeem Osema Almasri Habish, jefe de la policía judicial del gobierno de Trípoli, el ejecutivo reconocido internacionalmente y que controla la parte occidental de Libia. Almasri Habish es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El hombre fue arrestado el martes, pero ayer fue liberado y regresó a Libia, según informa la prensa, en un vuelo oficial del gobierno italiano. Un caso que pone en aprietos al gobierno de Giorgia Meloni y que está relacionado con las relaciones entre Roma, Bruselas y las milicias que se dividen el país norafricano.
El partido, el arresto, el tecnicismo y la liberación
Najeem Osema Almasri Habish es un general de la policía libia, jefe de su sección judicial. El gobierno al que pertenece es el de Trípoli, reconocido internacionalmente, pero que no controla todo el país. Naciones Unidas y las principales ONG que se ocupan de los derechos humanos han denunciado repetidamente «las desapariciones forzadas, los arrestos y las detenciones arbitrarias» de las que es responsable el ejecutivo y el propio cuerpo de policía que Almasri Habish dirige. El sábado 18 de enero, estas acusaciones adquirieron un perfil judicial de la mano de la Corte Penal Internacional, el tribunal internacional más importante reconocido tanto por Libia como por Italia. Los jueces solicitaron su arresto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los hechos que se le imputan están relacionados, en particular, con su gestión de la infame prisión de Mitiga: la solicitud de juicio se origina en «los delitos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la prisión de Mitiga desde el 15 de febrero de 2011, castigados con la pena máxima de cadena perpetua».
Ese mismo día, Almasri Habish se encontraba en Italia, en Turín, según se filtró, para asistir a un partido del campeonato de fútbol entre la Juventus y el Milán. Al final del partido, la policía lo detiene junto a tres personas que lo acompañaban, y todos son llevados a prisión. La orden proviene de Interpol, la coordinación global de las policías, y no del Ministerio, en ejecución de la orden de la Corte Penal Internacional. En teoría, en este punto Italia tendría la obligación de entregarlo a los jueces del tribunal, que tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Pero lo que salva a Almasri Habish es la política, con la ayuda providencial de un tecnicismo jurídico. El arresto es «irregular, ya que no fue precedido por las interacciones con el Ministro de Justicia, responsable de las relaciones con la Corte Penal Internacional. No existen las condiciones para la validación y, en consecuencia, para una solicitud de aplicación de la medida cautelar», escribe el fiscal general. Así, el general y buscado libio es liberado el 21 de enero, tres días después de su detención. Técnicamente por un error burocrático, de hecho por una decisión política. También lo demuestran las circunstancias de su regreso a Libia: en un vuelo de un avión oficial puesto a disposición por los servicios secretos italianos.
El pacto entre Italia (y Europa) y los torturadores
El gobierno al que Almasri Habish responde es un aliado de hierro de Roma. Italia, al igual que la Unión Europea en su conjunto, ha externalizado de facto la gestión de los flujos migratorios a los países del norte de África, financiando gobiernos y milicias a cambio del control de los flujos de personas, independientemente de los métodos utilizados. Una estrategia adoptada por el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni, pero también compartida por el centroizquierda: fue el entonces ministro del Interior Marco Minniti, miembro en ese momento del Partido Democrático y ahora director de un think-tank propiedad de la corporación militar Leonardo, quien firmó algunos de los principales acuerdos con los gobiernos libios. Pactos definidos como «inhumanos» por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La acusación que proviene de las oposiciones y de las organizaciones comprometidas con los derechos de los migrantes es haber permitido de facto la fuga de un criminal de guerra para no disgustar al gobierno libio amigo y aliado. Gobierno que, por otro lado, Italia arma y financia a pesar de las conocidas y autorizadas denuncias de violencia, tortura, violaciones y asesinatos. «Naturalmente, si este personaje puede abandonar Italia tranquilamente, quedará claro para todos, para la CPI, Interpol, la comunidad internacional y los ciudadanos de nuestro país, que el actual gobierno italiano, Meloni, Nordio [ministro de Justicia, N.d.E.], Piantedosi [ministro del Interior, N.d.E.] protegen a los traficantes de seres humanos y torturadores libios», dice el partido de oposición Sinistra Italiana. «Mientras personas acusadas de pequeños delitos contra la propiedad permanecen en prisión durante meses, a veces años, esperando un juicio, el jefe de la policía libia, presunto torturador de migrantes y buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, es liberado en menos de 48 horas debido a un tecnicismo», escribe en X la eurodiputada del grupo Left y exponente de los movimientos por la vivienda, Ilaria Salis. «Liberaron a un torturador», dice el Observatorio de Represión.
