El exministro de Franco, Martín Villa, es citado a declarar como imputado por crímenes contra la humanidad
Por primera vez en la historia democrática de España, un juzgado investigará penalmente a un exministro franquista por crímenes contra la humanidad
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Elda (Alicante) ha citado a declarar como imputado a Rodolfo Martín Villa, exministro durante el franquismo y la Transición, por su posible responsabilidad en la muerte de Teófilo del Valle en 1976. Es la primera vez que un tribunal español interrogará a presuntos autores de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y la Transición. Junto a él, también está citado Daniel Aroca del Rey, el agente de la Policía Armada que disparó seis veces por la espalda al joven eldense en el contexto de las huelgas del calzado en el Vinalopó.
Teófilo del Valle, con apenas 20 años, fue la primera víctima mortal tras la proclamación de Juan Carlos I como jefe del Estado. Su asesinato el 24 de febrero de 1976 ha permanecido impune durante casi medio siglo. Aunque fue juzgado por un tribunal militar, Aroca fue absuelto y el caso quedó silenciado. En 2023, su hermano José Antonio accedió a las pruebas del caso, que demostraron que el arma de Aroca fue la que disparó el proyectil que acabó con la vida del joven. La querella, presentada en abril de 2024, fue admitida a trámite en noviembre.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que respalda a la familia de la víctima, ha celebrado la decisión judicial como un “hecho de gran trascendencia” en la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas. Recuerdan, sin embargo, que se trata de una excepción. Desde esta organización instan a los poderes públicos a que esta apertura marque el inicio de un cambio duradero.
La querella no solo apunta al agente que disparó, sino a toda la cadena de mando, incluyendo al entonces gobernador civil de Alicante y a Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento. La abogada de la familia, Aràdia Ruiz, sostiene que la denuncia rebate los argumentos habituales de archivo, como la Ley de Amnistía de 1977 o el principio de legalidad penal. En su defensa, alega la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los principios de Núremberg y la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Además, recuerda que la Ley de Memoria Democrática de 2022 declara nulas las sentencias emitidas por tribunales franquistas.
Este caso sienta un precedente inédito en el país. Hasta ahora, ningún cargo de la dictadura o de la Transición había sido investigado penalmente por muertes ocurridas durante la represión política. Martín Villa, que ya está imputado en la querella argentina por otros doce homicidios entre 1976 y 1978, deberá declarar los próximos 17 y 19 de noviembre.