Morena presenta ante la FGR denuncias contra el alcalde de Monterrey y el gobernador de Nuevo León
La dirigente estatal del partido señala que Samuel García y Adrián de la Garza podrían haber incurrido en violaciones graves a la ley en casos que involucran uso de recursos federales
Morena presentó denuncias contra el gobernador de Nuevo León, Samuel Gracía, y contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntos actos de corrupción en la entidad del norte del país y gobernada por la oposición.
Dirigentes del partido guinda presentaron este miércoles 3 de junio una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el Alcalde De la Garza, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el delito de abuso en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia de carácter penal está relacionada con el otorgamiento por parte de la administración municipal de un contrato por más de 7 mil millones de pesos a la empresa Next Energy, una compañía de la que es socia la entonces contralora del gobierno local Jovita Molina Flores.
“Se destaca que Adrián Emilio de la Garza actual presidente municipal del municipio de Monterrey, contaba como contralora en el momento de la celebración de este contrato a la ciudadana Jovita Molina Flores, quién era al parecer también socia si era la compañía y parte del grupo empresarial”, explicó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer en una breve rueda de prensa afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la dirigente morenista, se presume el delito de abuso de funciones sancionado en el artículo 220 del Código Penal Federal que penaliza a los servidores públicos que, precisamente aprovechándose de su cargo, intervienen en contratos o actos que generan beneficios económicos de manera indebida para ellos mismos o para personas, con las cuales tienen un tipo de relación o vínculo.
“Hay elementos que justifican una investigación seria respecto a la ejecución de este contrato, con Next Energy, si benefició de manera indebida a particulares vinculados con servidores públicos en la administración de Adrián de la Garza”, afirmó Alcocer.
La integrante de Morena dijo que el contrato podría implicar el uso de de recursos públicos de carácter federal por lo que se requiere de la intervención de la FGR para determinar su origen y el destino.
“Consideramos indispensable que la investigación se realice de manera independiente de manera transparente, garantizando que ningún interés político económico, personal, interfiera en el esclarecimiento de los hechos”, destacó Alcocer.
El caso de la empresa Next Energy concluyó con la cancelación del contrato por parte del Gobierno de Monterrey debido a graves incumplimientos.
“Consideramos indispensable que la investigación se realice de manera independiente de manera transparente, garantizando que ningún interés político económico, personal, interfiera en el esclarecimiento de los hechos”, destacó Alcocer.
El proyecto original, firmado en 2020 por más de 7,300 millones de pesos, era para proveer energía limpia a los edificios públicos, pero la empresa nunca entregó la electricidad prometida.
El municipio tomó posesión de los paneles solares ya instalados (solo 6,000 de los 45,000 pactados) y de un terreno en Cerralvo valorado en 60 millones de pesos como compesación ante el incumplimiento del contrato
Next Energy también está invocada en escándalos por incumpliemiento de contratos en Aguascalientes, donde supuestamente iba a instalar alumbrado público pero no cumplió y en Baja California.
Esta es la segunda demanda contra dirigentes en Nuevo León que presenta Morena en menos de una semana. El pasado 26 de mayo, la propia Alocer presentó una denuncia contra el gobernador Samuel Garcia y contra su esposa Mariana Rodríguez.
La dirigente estatal de Morena señaló que la denuncia se sustenta en información pública difundida por la prensa local, en la que se documentan presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado al Gobernador.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, empresas proveedoras del Gobierno estatal habrían recibido recursos públicos y posteriormente realizado transferencias millonarias hacia empresas relacionadas, para finalmente terminar en cuentas vinculadas al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”.
Estas operaciones, según lo publicado, involucran movimientos por decenas de millones de pesos realizados incluso en cuestión de horas.
La presidenta estatal afirmó que los hechos denunciados son sumamente graves, ya que podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley.
Asimismo, recordó que el artículo 223 del Código Penal Federal establece claramente que incurre en peculado el servidor público que distraiga recursos públicos para beneficio propio o de terceros