Veracruz: Rocío Nahle destraba una deuda de casi dos décadas con el consenso de 199 alcaldes de todos los partidos
Esta es una noticia poco común e México: alcaldes de distintos partidos -Morena, Verde, del Trabajo, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano- respaldaron una solución financiera para enfrentar una deuda heredada desde 2008 que mantenía comprometidas sus participaciones federales; los 199 municipios incorporados originalmente al esquema de bursatilización aprobaron de manera unánime su adhesión al rescate financiero impulsado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y el Secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández.
El consenso conseguido adquiere mayor relevancia si se considera el actual mapa político del estado. En Veracruz, aun estado con más de kilómetros de litoral en el Golfo de México y que colinda con otras 7 entidades del país, ninguna fuerza gobierna por sí sola la mayoría de los municipios, son fuerzas estratégicas que se encuentran distribuidas en el Estado y representan visiones distintas sobre el ejercicio del gobierno. Sin embargo, frente a una carga financiera que limitaba el desarrollo municipal, prevaleció entre los alcaldes un objetivo común: recuperar recursos para atender necesidades de la población.
El origen de la deuda
El problema se originó 2008, cuando 199 municipios participaron en un esquema de bursatilización respaldado con participaciones federales. A través de este mecanismo obtuvieron financiamiento poco mayor a los mil 200 millones de pesos, comprometiendo ingresos futuros para garantizar el pago de la deuda. Lo que inicialmente se presentó como una alternativa de financiamiento terminó convirtiéndose en una obligación de largo plazo que se extendería hasta 2036.
Durante casi dos décadas, los municipios pagaron más de 2 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno estatal, la mayor parte de esos recursos se destinó al pago de intereses y costos financieros, mientras el saldo principal permaneció prácticamente intacto. Para 2026 todavía existía un adeudo estimado de más de mil 500 millones de pesos.
La propuesta del gobierno estatal
La propuesta de rescate establece que el Gobierno de Veracruz absorberá aproximadamente el 75% del saldo pendiente, mientras los municipios liquidarán el 25% restante mediante un esquema reestructurado con plazo hasta 2030. El objetivo es concluir anticipadamente una obligación que originalmente se prolongaría hasta 2036 y liberar recursos retenidos por el fideicomiso de la bursatilización.
Tras la aprobación de los cabildos y el aval del Congreso del Estado, el siguiente paso consiste en formalizar las notificaciones a las instituciones financieras y realizar el pago correspondiente para detener las retenciones vinculadas al esquema.
De concretarse el calendario previsto por el Gobierno estatal, a partir de agosto los municipios comenzarían a recibir de manera íntegra las participaciones federales que durante casi 20 años permanecieron parcialmente comprometidas al pago de la deuda.
Las participaciones federales constituyen una de las principales fuentes de financiamiento municipal y permiten sostener servicios esenciales como alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento de calles, seguridad pública, agua potable, drenaje, pavimentación y obra social. En muchos municipios representan la principal herramienta para realizar inversión pública.