Cómo funciona la censura sin censores

A inicios del milenio, el desarrollo de Internet y de las plataformas digitales alimentó la esperanza de revolucionar y democratizar las comunicaciones. Comenzaba a ser posible expresarse desde medios cada vez más modestos y baratos que una imprenta o un estudio de televisión o radio. La comunicación directa e inmediata entre usuarios, sin mediaciones y sin filtros, prometía cambios en el cuarto poder: menos censura, más transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas.

Tales promesas no han sobrevivido a este cuarto de siglo. Colectivos y organizaciones políticas y sociales comprueban que sus posibilidades de voz y difusión siguen estando limitadas y subordinadas a los medios de comunicación convencionales. Aún más, quienes participan en protestas, huelgas y otros actos de resistencia comprueban cómo la cámara ha perdido el poco poder disuasorio que en otra época pudo tener. Aunque miles de personas graben, incluso aunque haya medios presentes, la carga policial se produce, Desokupa completa el desahucio encargado o caen más bombas sobre civiles en Gaza. Más accesibilidad no se ha traducido en más información, ¿por qué?

Nuestro sentido común, lenguaje e incluso legalidad suelen identificar la libertad de expresión con la libertad de prensa. Así, la Constitución Española, en lo tocante al derecho establecido en su artículo 20, hace hincapié en la eliminación de la censura previa y en la limitación del secuestro de publicaciones, ambas cosas que han afectado históricamente a los medios de comunicación. En general, la literalidad del artículo sugiere que el poder constituyente pensaba en las empresas mediáticas como instrumento principal para la garantía de la expresión y acceso a información plural.

Quizás sea debido a esta asociación que la libertad de expresión se haya entendido mayoritariamente como una libertad negativa, como una ausencia más que una presencia. Una ausencia de restricciones e injerencias, estatales o gubernamentales, sobre los grupos y empresas que se dedican al negocio de la información. Un negocio en el que se había confiado que, mediante la competencia de mercado, generase información plural, contrastada y de interés público. Es discutible que tal cosa haya funcionado alguna vez en la práctica, pero manifiesto es que hoy no lo hace ni en la teoría. La concentración de capital de los conglomerados mediáticos, que en el Estado español se traduce, por ejemplo en que dos empresas se reparten el 80% de la audiencia en televisión, así como la evolución de las plataformas digitales han generado nuevas formas de censura y problemas que no se pueden abordar desde la interpretación tradicional del derecho.

Pensamos la libertad de expresión como un derecho individual, no obstante, no puede ejercerse en soledad. Expresarse requiere de alguien que escucha y comprende, un público que accede al mensaje y es capaz de interpretarlo. Implica un gasto del recurso limitado, y cotizado, que es hoy la atención. Supone seleccionar y priorizar dicho gasto y, por todo ello, obliga también a descartar. Si alguien habla, otra persona debe guardar silencio y escuchar. A toda forma de expresión le es connatural un efecto silenciador de otras formas de expresión. Desde este punto de vista se entiende cómo este derecho no solo se encuentra amenazado por la censura sino también por la propaganda. Ahogar una voz en un mar de gritos resulta igual de efectivo, y más disimulado, para impedir la difusión de un mensaje que el ponerle una mordaza. Secuestrar la atención del público receptor equivale a secuestrar una tirada del periódico.

Esto no es nuevo, en todos los Estados occidentales encontramos un oligopolio de empresas mediáticas que concentran recursos, audiencia, cuota de pantalla (en suma, atención) dejando escasos márgenes para relatos distintos al de sus líneas editoriales marcadas por sus intereses empresariales privados. Lo novedoso es comprobar cómo las redes y plataformas digitales, que parecían venir a revertir este proceso, lo han llegado incluso a acrecentar presentando nuevos retos para la libre expresión, el derecho a la información y la pluralidad.

El espacio en línea, si bien ofrece posibilidades de fragmentación y expresión mayores que los medios convencionales, muestra también una gran concentración de capital y de la cuota de atención en un puñado de empresarios y usuarios. La mercantilización de los canales de expresión digitales también ha llevado a fórmulas de censura, directa o indirecta. Un ejemplo de ello lo encontramos en la cuenta de X @Palestinahoy01, dedicada a la cobertura de la Franja de Gaza, que en octubre del año pasado denunció que la red social estaba eliminando sus seguidores. Un ejemplo paradigmático de algo que, según recogió  Human Rights Watch se convirtió en escenario recurrente para muchas cuentas propalestinas desde 2023. Desde la entrada de Musk también se ha registrado un cambio del algoritmo de selección de contenidos ha redundado en una mayor difusión de cuentas de ultraderecha y ha minimizado el impacto de contenidos de izquierdas.

Reducir la libertad de expresión a un dejar hacer supone permitir que todos los debates públicos se libren en los términos que conviene a unos pocos intereses privados

El ejemplo de Musk entrevistando en vivo en X a la candidata de la ultraderecha alemana también permite problematizar la definición de libertad de expresión como no injerencia. Surge la pregunta de hasta qué punto eventos como este, retransmitidos a todo el mundo, forman parte de la libertad de expresión de Elon Musk. ¿No es en este caso él quien interfiere mediante un altavoz desproporcionado en los procesos democráticos? Un caso similar, menos personalista, sucedió en las últimas elecciones presidenciales rumanas, cuyos primeros resultados fueron anulados por el Tribunal Constitucional dada la sospecha de una manipulación del algoritmo de TikTok para favorecer la propaganda electoral de uno de los contendientes.

Aún en casos menos sonados, donde no hay una influencia explícita, elementos como la personalización de contenidos, que encapsulan a los usuarios en un tipo determinado de publicaciones, y las políticas de moderación de contenidos, decididas sin miras al interés social, funcionan como obstáculos estructurales para la pluralidad informativa y la libre circulación de ideas. Puede que de una manera, además, más peligrosa por su sutileza que lo que podía haber sido la falta de pluralidad en periódicos o en la oferta televisiva. Tendemos a olvidar que las plataformas digitales son medios que condicionan la forma y fondo del mensaje y que truncan o amplifican su difusión intereses económicos y políticos.

El marco en que pensamos la libertad de expresión favorece estos procesos. Limitarla a ser el mero derecho de las empresas de comunicación a operar sin control legitima la formación de estos oligopolios mediáticos en televisión, radio, prensa y redes. La pluralidad informativa queda así impedida en una injusta batalla por la atención del público, en la que medios independientes, organizaciones o voces particulares son incapaces de competir en igualdad fuera de sus reducidos nichos. Reducir la libertad de expresión a un dejar hacer supone permitir que todos los debates públicos se libren en los términos que conviene a unos pocos intereses privados. Da igual de cuántas imágenes, vídeos y audios dispongamos porque el relato hegemónico condicionará nuestra lectura de los hechos. Las personas contra los que cargó la policía se lo merecían, porque eran violentos y salvajes; la familia que Desokupa echó a golpes de su casa, también, por ser una panda de okupas vagos y, los civiles asesinados mientras acudían a un hospital, en realidad eran peligrosos terroristas de Hamás.

Las empresas a las que hacemos referencia son conscientes de su poder, y lo defienden. Prueba de ello es la reacción internacional cuando en algún Estado se problematiza y cuestiona este desequilibrio de poderes. Tenemos un ejemplo nacional en cómo El País respondió a la Ley de Tercios promulgada en Colombia por el Gobierno de Petro, una normativa que redistribuía la financiación estatal aumentando la parte de los medios independientes, locales y digitales en detrimento de las corporaciones mediáticas. El principal argumento esgrimido era, precisamente, que la injerencia del Gobierno sobre el negocio mediático suponía un menoscabo de la libertad de prensa, ergo de la libertad de expresión. En un país como el Estado español, donde ni siquiera sabemos quién patrocina las principales cadenas de nuestro oligopolio mediático, toca plantearse si no sería deseable algún mecanismo de intervención pública (sea o no estatal) sobre el ecosistema mediático que asegure, como mínimo, un justo equilibrio de la difusión de ideas y una mínima pluralidad.