La guerra judicial en Argentina, capítulo 1001
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha decidido que Cristina deberá enfrentar un juicio oral por su presunto encubrimiento en el atentado contra la AMIA en 1994. Tal vez la acusación más ridícula de todas las ridículas acusaciones contra ella. Encubrimiento agravado, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad relacionados con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013. Este fallo se produce en un contexto de obscena ostentación de impunidad, corrupción, parcialidad e intromisión en el proceso democrático por parte de un poder judicial totalmente capturado por los operadores de inteligencia que juegan para las élites argentinas pero en última instancia son el enlace local de intereses internacionales.
El Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituye uno de los ejemplos más escandalosos de la utilización del poder judicial con fines políticos en Argentina
El Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituye uno de los ejemplos más escandalosos de la utilización del poder judicial con fines políticos en Argentina. La reapertura de la causa expone las tensiones entre la soberanía nacional, la legitimidad de los gobiernos, el rol del sistema judicial… En este caso, se suma un tema grabado con sangre en la memoria de todos los argentinos: la búsqueda de justicia por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Recuerdo como si fuera hoy el miedo que había en mi escuela primaria, donde asistían muchos chicos de la colectividad judía, cuando se produjo este acto criminal contra población civil indefensa.
Volvamos al Memorándum. Se trata de un acuerdo entre dos Estados soberanos —Argentina e Irán, ambos miembros de las Naciones Unidas— cuyo objetivo era buscar un mecanismo para que los acusados de nacionalidad iraní declaren ante la justicia argentina. En ese momento, la impunidad llevaba casi dos décadas, dos décadas sin avances ni responsables condenados.
El acuerdo, aprobado por el Congreso argentino en 2013, proponía la creación de una "Comisión de la Verdad" y facilitaba la posibilidad de que jueces argentinos tomaran declaraciones indagatorias a funcionarios iraníes en territorio iraní. Sin embargo, el parlamento iraní nunca ratificó el documento, por lo que el acuerdo quedó sin efectos prácticos. Resulta, por tanto, contradictorio sostener que un instrumento diplomático de estas características, jamás implementado, pueda considerarse un acto criminal. Más extraño es considerar “traición a la patria”, imputación que llevó a la muerte al ex canciller Héctor Timerman, un acuerdo que sus supuestos beneficiarios -los iraníes- finalmente descartaron.
La acusación central, que planteó la figura de “traición a la patria”, carece de sustento jurídico y lógico. La hipótesis presentada sostiene que el acuerdo buscaba garantizar impunidad a los presuntos responsables iraníes del atentado. Sin embargo, si esta teoría tuviese validez, se debería procesar no solo a los funcionarios involucrados en su negociación, sino también a los legisladores que lo aprobaron en el Congreso. Además, carece de fundamento sostener que un acuerdo nunca ratificado ni ejecutado pudiese materialmente garantizar impunidad. Aún en su hipótesis descabellada, los “actos preparatorios” no son punibles cuando no producen efecto en la realidad.
El tratamiento judicial de la causa también revela serias irregularidades. El excanciller Héctor Timerman fue sometido a prisión preventiva bajo la doctrina del “poder residual”, un concepto inconstitucional que permitió al juez Claudio Bonadío justificar la privación de libertad sin pruebas concretas. La doctrina implica la posibilidad de encarcelar preventivamente a un acusado bajo la presunción de que podría amedrentar testigos o entorpecer el proceso por los residuos de poder que le restaban tras su mandato. En el caso de Timerman, un hombre mayor y gravemente enfermo, esta medida resultó no solo desproporcionada, sino también inhumana. Al impedirle viajar al exterior para acceder a tratamientos médicos avanzados, su salud se deterioró rápidamente, acelerando su muerte.
El caso del Memorándum no puede analizarse sin un contexto geopolítico más amplio
El caso del Memorándum no puede analizarse sin un contexto geopolítico más amplio. En palabras del Papa Francisco, vivimos una "tercera guerra mundial en cuotas", en la cual la región del Medio Oriente se ha convertido en un epicentro de conflicto, con tendencias claras hacia la caotización y la perpetración de masacres, como ocurre actualmente en Palestina. En este escenario global, resulta inadmisible que la oligarquía judicial ponga en juego la capacidad estatal de definir soberanamente su orientación en política exterior. Independientemente de las diferencias ideológicas, ningún patriota puede permitir que los jueces se subordinen a intereses de potencias extranjeras y pretendan subordinar así a el único actor institucional con legitimidad para tomar decisiones de política exterior: el ejecutivo nacional.
Cabe recordar que la política exterior, en países considerados “serios”, no ha sido objeto de judicialización. Por ejemplo, en 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promovió un acuerdo con Irán —el denominado "Joint Comprehensive Plan of Action"—, que incluyó el levantamiento de sanciones económicas y un compromiso bilateral en torno al control del programa nuclear iraní. A pesar de las fuertes críticas políticas internas, nunca se acusó a Obama ni a sus funcionarios de “traición”. Esta situación contrasta con el caso argentino, donde la utilización del poder judicial como herramienta de persecución política ha banalizado conceptos jurídicos fundamentales y ha distorsionado la separación de poderes.
La judicialización del Memorándum refleja cabalmente la instrumentalización política del sistema judicial
La judicialización del Memorándum refleja cabalmente la instrumentalización política del sistema judicial. También pone en evidencia los intereses subyacentes en este tipo de procesos. A treinta años del atentado a la AMIA, la impunidad persiste, y las decisiones judiciales recientes parecen responder más a agendas particulares que a la búsqueda genuina de verdad y justicia. Mientras tanto, los actores involucrados en esta causa, más allá de sus aciertos o errores políticos, intentaron ofrecer una respuesta frente a un atentado criminal que sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva argentina.
La defensa de la soberanía implica, en primer lugar, resguardar la capacidad del Estado de definir sus políticas externas sin interferencias ni condicionamientos. Judicializar acuerdos diplomáticos aprobados por un Congreso democrático constituye un precedente peligroso, no solo para Argentina, sino para cualquier Estado que aspire a ejercer plenamente su soberanía. La historia, en última instancia, juzgará con claridad este capítulo y pondrá en evidencia los intereses que se ocultan detrás de acusaciones infundadas.
Esta evidencia histórica será más clara a la luz de lo que tanto el gobierno de Macri como el de Milei han hecho en materia de política exterior. Un botón de muestra. El 13 de septiembre de 2016 por el Vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro británico de Asuntos Exteriores, Alan Duncan firmaron un acuerdo cuyo punto principal era “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” ¡Argentina firmando a la potencia invasora un permiso para depredar nuestro mar y explotar nuestro petróleo! ¿Saben qué dijo Alan Duncan sobre cómo consiguió esta proeza diplomática? Que lo cuente el inglés con sus propias palabras:
“Bajo la residencia hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es muy agradable para una reunión y nos juntamos ahí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores (...) A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”.
Mientras Cristina esté en el banquillo de los acusados, el patriota Foradori estará degustando otro buen Merlot en Suiza… fue designado por Javier Milei como Representante Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales de Ginebra.