Otra vez sin pan y sin trabajo
En apenas 48 horas, el gobierno argentino logró dos victorias legislativas que no admiten metáforas: la sanción de la reforma laboral y el avance del nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de punibilidad.
En conjunto, la expresión de un programa político que combina la precarización del trabajo y la respuesta punitiva organizada ante las nuevas generaciones que buscarán trabajo, con cada vez menos garantías. Sin pan y sin trabajo.
Él, con el cuerpo tenso y el puño cerrado, mira por la ventana cómo la policía montada reprime una manifestación obrera, en una fábrica cerrada. Todo en la pintura está en equilibrio inestable, como la vida de esa familia atravesada por el hambre y la represión.
La fuerza del cuadro es la síntesis de la vida de la clase obrera. Las herramientas de trabajo, sobre la mesa, a punto de caer por el golpe del puño de la rabia.
La chimenea de la fábrica no echa humo. Afuera, la lucha. Adentro, la subsistencia amarga y apremia. Dicen quienes estudiaron la obra que la pincelada agitada acompaña la escena, como si el propio gesto del pintor arrastrara la ansiedad del desocupado.
Más de un siglo después, Sin pan y sin trabajo vuelve a funcionar como reflejo de la actualidad argentina. A ese punto histórico es al que el proyecto de Javier Milei propone regresar, después de más de dos décadas en las que se intentó reconstruir un consenso en torno al trabajo como organizador social.
La reforma laboral en Argentina no puede leerse como un punto más en el menú de reformas. Es una pieza central que busca redefinir el equilibrio histórico entre capital y trabajo
Ese consenso fue una respuesta política concreta a la crisis de la convertibilidad, cuando una sociedad devastada por la desocupación masiva quedó, literalmente, sin pan y sin trabajo. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003, el Estado volvió a intervenir para recomponer empleo, ingresos y derechos para reconstruir la vida social.
La reforma laboral rompe deliberadamente con ese pacto. Normaliza la precariedad del presente y, al mismo tiempo, endurece el castigo sobre quienes nacen y crecerán en los sectores más desfavorecidos de un país profundamente desigual.
La reforma laboral no puede leerse como un punto más en el menú de reformas. Es una pieza central que busca redefinir el equilibrio histórico entre capital y trabajo, y fundamentalmente no intervenir sobre el lugar desigual de quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo en esa relación.
Esto en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, baja del consumo, expansión del empleo informal y debilitamiento de las estructuras sindicales.
Por eso, el gobierno no discute esta reforma solo en el Congreso: la discute, sobre todo, en el terreno del sentido común. Desde allí interpela a trabajadores, votantes y a quienes todavía creen que esta alternativa es viable. El mensaje es simple y circula con eficacia: menos derechos es más trabajo.
A partir de esa premisa, la discusión punto por punto queda confinada al recinto, mientras afuera se naturaliza otra idea más profunda.
En amplios sectores de la economía, la flexibilización ya existe de hecho y se presenta como normalidad: tercerización, monotributismo encubierto, contratos temporales permanentes, metas inalcanzables, horas extras naturalizadas, plataformas que fragmentan el tiempo y diluyen responsabilidades.
La reforma laboral se articula con su reverso represivo. La ampliación de actividades consideradas esenciales, la restricción del derecho a huelga y el fortalecimiento de herramientas punitivas son condiciones de gobernabilidad de un modelo que profundiza la desigualdad
La reforma legaliza estas prácticas, al y transforma lo que hoy funciona como irregularidad o excepción en regla general. La pregunta que se evita es decisiva: qué trabajo, para quiénes, bajo qué condiciones y a qué costo.
En este punto, la reforma laboral se articula con su reverso represivo. La ampliación de actividades consideradas esenciales, la restricción del derecho a huelga y el fortalecimiento de herramientas punitivas son condiciones de gobernabilidad de un modelo que profundiza la desigualdad.
La reforma laboral avanza en un escenario político que le resulta favorable al gobierno. Hay una “estabilidad suficiente” y los apoyos necesarios para empujar cambios estructurales sin mayores sobresaltos.
Leyes, se pueden aprobar muchas, lo que viene después es otro terreno: el de la constitucionalidad, el de la aplicación efectiva, el de los tribunales. Incluso quienes impulsan la reforma admiten, por momentos, su carácter inaplicable. Esto traslada la responsabilidad política a la organización de quienes se oponen.
El peronismo es hoy una fuerza de minoría, sin elecciones en el corto plazo que permitan revalidar fuerzas ni condicionar al gobierno, dar vuelta esa discusión es parte central de la etapa que empieza
El escenario que se abre plantea desafíos políticos concretos. El primero es sintetizar un mensaje claro sobre qué se quiere conservar y qué se quiere ampliar. Defender el derecho al trabajo digno como una inversión social que ordena la vida, el trabajo y el futuro.
Esa tarea se da, además, en un marco político específico: el peronismo es hoy una fuerza de minoría, sin elecciones en el corto plazo que permitan revalidar fuerzas ni condicionar al gobierno. Dar vuelta esa discusión es parte central de la etapa que empieza.
Se perdió la votación, pero se recuperó una línea política que había quedado desdibujada ante la ofensiva del adversario. El segundo desafío es cortar con la tentación del derrotismo que erosiona las bases militantes, y apunta directamente a la capacidad de resistencia. El tercero es ampliar la base de participación popular política, hoy y siempre.
Sin pan y sin trabajo describe una forma argentina de vivir el presente. Una mesa que no alcanza, un trabajo que no aparece, una ventana desde la que se observa la represión antes de decidir si salir. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse un país organizado alrededor de esa espera.
