La única “rendición de cuentas” posible contra Israel

El Ejército israelí ha secuestrado a decenas de ciudadanos españoles en aguas internacionales. Esa es la realidad sin edulcorar, sin matizar y sin darle vueltas narrativas. El ejército de un Estado extranjero no miembro de la Unión Europea ha secuestrado a decenas de ciudadanos españoles, algunos de los cuales eran periodistas, y otros incluso representantes de la soberanía popular de España y sus territorios. Los ha secuestrado en aguas internacionales de forma ilegal y los ha llevado sin su consentimiento a suelo del Estado de Israel.

En circunstancias así, cuesta encontrar una explicación —incluso una de carácter estrictamente electoral— para comprender que el Gobierno español no haya roto todas las relaciones con Israel. Cuesta entenderlo todavía más si se considera que este secuestro militar de civiles españoles podría perfectamente ser causal de conflicto armado.

Aplica lo mismo para el resto de gobiernos cuyos ciudadanos han sido secuestrados recientemente por el Ejército israelí —insistimos porque la dimensión es gigante—. En Europa, varios gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar inmediatamente la libertad de sus ciudadanos, así como de responder a esta nítida provocación diplomático-militar perpetrada por un Estado con armas nucleares que ha evidenciado ser el mayor disruptor de la paz y el equilibrio internacional en la actualidad. Sí, Tel Aviv es —por lejos— la mayor amenaza para la seguridad internacional.

Además de España, también han sido secuestrados ciudadanos de Italia, Portugal, Francia, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, República Checa, Noruega, Croacia, Suecia, Polonia, Finlandia, Austria, Lituania, Eslovaquia, Serbia, Grecia, Bulgaria, Turquía, Jordania, Kuwait, Bahréin, Japón, Malasia, Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Pakistán, Omán, Maldivas, Sudáfrica, Túnez, Argelia, Mauritania, Marruecos, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Brasil y Estados Unidos.

Es evidente para cualquiera que no quiera mentirse a sí mismo que si este secuestro ilegal lo hubieran hecho las fuerzas armadas rusas, la respuesta española y europea habría sido inmediata y contundente. Hablamos de una agresión de tal calibre que, en determinadas circunstancias, podría ser incluso un casus belli. Cualquier reacción que no sea una ruptura total, inmediata e incondicional de las relaciones con Israel sería una vergüenza para el Estado español como ente soberano y actor independiente del tablero internacional.

No hay tweets del presidente Sánchez ni comunicados del ministerio de Exteriores que estén a la altura de la agresión que las fuerzas armadas israelíes han perpetrado contra varias decenas de ciudadanos españoles

De hecho, conviene tirar de hemeroteca. El 16 de septiembre del 2025, el ministerio de Asuntos Exteriores de España publicó un comunicado conjunto con otros dieciséis países en que el se jactaba de compartir los objetivos de “la paz y la prestación de ayuda humanitaria” con la flotilla. A su vez, establecía lo siguiente: “Recordamos que cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, incluidos los ataques contra los buques en aguas internacionales o detenciones ilegales, darán lugar a la rendición de cuentas”.

¿Qué rendición de cuentas cabe en este caso? ¿Cómo puede responder un Estado soberano, como —entendemos— es el español, cuando un ejército extranjero perpetra tamaña agresión contra civiles, periodistas y representantes de la soberanía popular? No hay tweets del presidente Sánchez ni comunicados del ministerio de Exteriores que estén a la altura de la agresión que las fuerzas armadas israelíes han perpetrado contra varias decenas de ciudadanos españoles.

Periodistas, representantes públicos, activistas y civiles en general que no se encontraban en Israel ni pretendían entrar en aguas israelíes. Atravesaron el mediterráneo a través de aguas internacionales con la intención de alcanzar las costas palestinas de la Franja de Gaza, que sufren un bloqueo naval por parte del Estado genocida de Israel. Ni estaban en Israel ni pretendían llegar allí. Y, aún así, el Ejército sionista los secuestró y los llevó a puertos israelíes sin su consentimiento.

Europa espera la “rendición de cuentas” con la que gobiernos como el español amenazó a Israel. Netanyahu ya ha cumplido con las detenciones ilegales que mencionó el ministerio de Exteriores español en su comunicado. Ahora le toca al Estado español responder.

Una reacción demasiado suave no solo sería una falta de respeto por parte de los partidos que integran el ejecutivo español, sino que potencialmente podría poner en riesgo la seguridad del país. España debe lanzar un mensaje: No es gratis agredir de esta forma sus embarcaciones y a sus ciudadanos. En contextos como este, una infrarreacción puede habilitar una escalada de la misma forma que lo haría una sobrerreacción. Está en juego la seguridad y la libertad de los secuestrados, pero también la integridad y el honor de la palabra del gobierno y del Estado de España.